Báñez insta a las empresas a que paguen sus políticas sociales con sus beneficios

En declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, la ministra aseguró que esta medida beneficia a los trabajadores, especialmente aquellos con salarios medios y bajos, ya que “a mayor cotización, mayor protección social”, ya sea por incapacidad temporal, por la prestación por desempleo o por la futura pensión de jubilación.
Báñez insistió en que “el empleado siempre gana cuando se cotiza por toda la retribución que recibe”, sin excluir la parte no salarial. La ministra puso como ejemplo que si un empleado tiene 1.050 euros de salario, la diferencia entre cotizar o no por esos 50 euros es un 5% más en sus prestaciones por desempleo o incapacidad temporal, y en su futura pensión de jubilación.
Además, la responsable de Empleo hizo especial hincapié en que las empresas no pueden seguir financiando estas políticas sociales que ofrecen a sus trabajadores con cargo a la Seguridad Social, sino que tendrán que hacerlo en base a sus beneficios.
 “Las empresas deben acordar con los trabajadores las medidas de política social en función de los beneficios empresariales y no a costa de la Seguridad Social”, afirmó.

Nadie entendería que las empresas retiren sus políticas sociales
En este sentido, sostuvo que “nadie entendería” que una empresa, en el momento actual en el que se está iniciando el proceso de crecimiento económico, retire sus políticas sociales “en función de si cotizan o no a la Seguridad Social”.
 “Si un cheque guardería es bueno para la conciliación en una empresa lo será porque es bueno para la conciliación, no porque no cotice”, dijo la ministra.

Además, defendió que el Gobierno debe velar por el interés general, que incluye que los trabajadores “tengan una mejor protección social” y que las empresas hagan su política social “con cargo a sus beneficios y no al sistema de Seguridad Social”. En este sentido, insistó en que el Ejecutivo tiene la “responsabilidad” de garantizar la “sostenibilidad y el mantenimiento” de este sistema. Además, la ministra sostuvo que esta medida “ha estado siempre presente en las conversaciones del Pacto de Toledo”.
Por otro lado, Báñez anunció que esta decisión viene “acompañada” de otra iniciativa, que supone que las empresas deberán informar a la Tesorería de la Seguridad Social sobre el importe de todos los conceptos retributivos que percibe cada trabajador, con indeferencia de su inclusión o no en la base de cotización, o aunque resulten de aplicación bases únicas.
Para la ministra, esta medida es “de enorme relavancia” ya que incorpora un factor “de enorme transparencia” tanto para el trabajador, como para la competencia entre empresas y para el sistema de Seguridad Social. En este sentido, la responsable de Empleo quiso recordar el “esfuerzo que la Seguridad Social hace cada mes y cada día” con el aplazamiento de las cuotas de las empresas. Según apuntó, en 2013 se realizaron un total de 116.383 aplazamientos de cotizaciones, lo que representa un 11,49% más que en 2012, por un importe total de 2.200 millones de euros.
La oposición cree que es una medida que aumentará la precariedad, el desempleo y subirá el coste de la contratación de las empresas
A las críticas que esta medida había recibido en estos días por parte de las organizaciones empresariales y sindicales, se sumaron este jueves las de los principales partidos de la oposición. En concreto, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa mostró su “rechazo total” a esta medida ya que considera que va a suponer “una rebaja más de salarios” para los trabajadores, ya que asegura que los empresarios van a dejar de ofrecer este tipo de remuneraciones a sus empleados.
Según la parlamentaria socialista, “lo que va a suponer de verdad esta medida es la pérdida de estas ayudas, ya que los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo”.
Además, denunció que el Ejecutivo haya tomado esta decisión a través de un real decreto sin negociación con los agentes sociales cuando “es un tema de negociación colectiva”. “Parece que son alérgicos al diálogo”, dijo López i Chamosa.
En una línea similar, el portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, denunció que el Gobierno “parece olvidar que el principal problema es el desempleo” y acusó al Ejecutivo de desarrollar una “política orientada a la destrucción del tejido empresarial y al incremento de desempleo”.
En su opinión, a corto plazo estas medidas “van a incrementar el coste de la contratación, lo que desincentiva la creación de empleo”. “El Gobierno se equivoca y opta por políticas que destruyen empresas”, agregó.
Por último, el diputado de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, agregó que la patronal CEOE “no tiene mucha autoridad para criticar” esta medida. En su opinión, la política del Gobierno “no crea empleo, sino que los hace más precarios con la contribución de CEOE”.

Fuente: lainformacion.com - 16/01/14