El órgano dirigido por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, ha solicitado un informe al Ministerio sobre la remisión del comunicado. Fuentes fiscales han calificado lo ocurrido como grave puesto que, al adelantarse la información sobre la entrada de la Guardia Civil en el local de Bilbao donde seis de los ocho detenidos celebraban una reunión, se ha podido dañar la investigación judicial que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La investigación fiscal tratará de aclarar lo ocurrido y estudiar si de ello pueden derivarse responsabilidades penales aunque las mismas fuentes fiscales aseguran que todo apunta a que pudo tratarse de un simple error.
Entorno a las 15.00 horas del miércoles, el Ministerio informó a los medios de comunicación y a través de la red social de que el Instituto Armado estaba desarrollando un operativo en el que se habían realizado varias detenciones.
No obstante, media hora después Interior anulaba esta información a todos los efectos. Los arrestados aún no se habían producido. La operación se saldó finalmente con el arresto de ocho personas, entre ellas los abogados Jon Emparantza y Arantza Zulueta, encuadrados en el sector más duro del entorno etarra.
Fuentes fiscales han informado de que se ha ordenado abrir diligencias informativas para estudiar si los hechos tienen relevancia penal y, para ello, se ha solicitado ese informe a Interior, aunque desde la Fiscalía se cree que todo apunta a un error por lo que previsiblemente se acabará archivando este asunto.
La Guardia Civil asestó este jueves un golpe al grupo de interlocutores de los presos de ETA y ha detenido a ocho personas, entre ellas los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en una operación que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "un paso más" para el definitivo final de la banda. Junto a Zulueta y Enparantza, han sido arrestados Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.
Los arrestados forman parte del grupo que se constituyó en julio de 2012 para ser interlocutores con los presos de ETA y propiciar contactos con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los internos de la banda terrorista.
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