Alaya impone una fianza de 46,6 millones al exviceconsejero de Presidencia de la Junta

Así lo establece la magistrada en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro".

Al finalizar la declaración el pasado jueves se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que sólo solicitaron medidas cautelares las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias, que pidieron a la juez que impusiera al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros --correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó--, más el tercio legal previsto, en total 76 millones. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya fija en 35 millones las responsabilidades pecuniarias de Lozano que, sumado el tercio legal prevista, asciende a los 46.666.666 euros citados.

Además la juez concede un plazo de audiencia "a contar desde el siguiente día a la notificación de la presente resolución" para la prestación de la fianza señalada, contra la que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado, y ordena "el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuadas por el inculpado, quien será requerido al propio tiempo) para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo no se constituyere la fianza".

Una medida "proporcional"

La magistrada justifica la fianza de responsabilidad civil en tres motivos: la "apariencia de antijuricidad"; el "peligro de insolvencia por la demora en las actuaciones, las cuales por su complejidad se prevén dilatadas en el tiempo"; y la "proporcionalidad" porque considera que es una medida "justa y de equilibrio" ya que también se adoptó "respecto de altos cargos de la Consejería de Empleo".

En otro auto, fechado el pasado día 17 y también notificado este lunes, Alaya decide por contra no adoptar medidas cautelares contra el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez; el que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois, y la abogada y asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa, que además no fueron solicitadas por ninguna de las acusaciones.

En el primer caso, la juez no ve necesaria "por ahora" la prestación de fianza por parte de Gómez Martínez porque "dio conocimiento a sus superiores en la Consejería, al resto de consejerías afectadas y al director de IDEA del uso presuntamente ilícito de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones". En el caso de Rofa, "valora positivamente" su "contribución para el esclarecimento de los hechos" y recuerda que su posición "es muy próxima a la del señor Diz-Lois cuando ambos prestaban servicio en la Dirección General de Trabajo".

Por contra, Alaya considera en el auto dictado el pasado viernes que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

"Del análisis de la normativa aplicable, por ejemplo las órdenes anuales de elaboración del presupuesto, y de los propios hechos se desprende con claridad, dicho esto en términos indiciarios, el conocimiento que el director general de Presupuestos tenía sobre el uso de las transferencias de financiación, es decir, que las subvenciones las concedía Empleo y no el IFA", sostiene Alaya , que destaca que "las órdenes de elaboración del presupuesto preveían con carácter previo a la elaboración del anteproyecto reuniones de técnicos en las que intervenía el inculpado entre otros muchos cargos, en las que se analizaban la necesidad, eficacia y ejecución de cada uno de los programas".

Junto a ello, la juez aprecia "intereses contrapuestos" entre Lozano y su sucesor en la Dirección General de Presupuestos, Buenaventura Aguilera --citado este martes a declarar como imputado en la causa--, que dictó a los 45 días de su llegada al cargo una instrucción en la que "se establecía, sin estar amparada en ninguna modificación legislativa que lo justificara, un cambio en la presupuestación desechando la partida 440.51 y utilizando partidas de créditos para gastos propios de subvenciones, como la 47 o la 48", lo que, en su opinión, "prueba indiciariamente que el hoy inculpado podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

A la hora de cuantificar la fianza civil decretada de forma cautelar, Alaya subraya la "complejidad" derivada de las "altas cifras que se han utilizado sin el menor control cada ejercicio económico en base al Presupuesto de la Consejería de Empleo, hecho consentido entre otros por el imputado", por lo que ha determinado, "en beneficio del inculpado, una cuantía global de cinco millones de euros por ejercicio económico, descontando el 2009 pues sólo estuvo el primer tercio, sin distinguir entre créditos consignados en el presupuesto o vía modificación presupuestaria y tomando en consideración la presunta responsabilidad de otros cargos de la Consejería de Economía y Hacienda en consentir la presupuestaria de dicha partida presupuestaria fraudulenta (la 440.51.31L)".

Imputado por prevaricación y malversación

En concreto, la magistrada imputó sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, por haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, sostiene que "la inclusión de esta partida inadecuada en el presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de legalidad que la misma significaba". "Que el uso inadecuado de dicha partida presupuestaria generaba tales consecuencias era indiciariamente conocido por el inculpado", ha dicho la juez.

Al hilo, la instructora concluye que "parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

Fuente: www.diariosur.es - 23.09.13 - 13:08 -