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Gaspar Llamazares: “Si pensaban que linchando a Garzón se acababa todo, se equivocaron, ahí está Argentina”

La jueza María Servini escuchará el jueves los testimonios de las víctimas del franquismo por videoconferencia si Exteriores no se opone.

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

A falta de que el Ministerio español de Asuntos Exteriores dé el placet a la comunicación de la Corte argentina, este jueves 25 de abril, la jueza María Servini de Cubría que instruye la causa sobre los crímenes franquistas comenzará a escuchar los testimonios de doce víctimas de la dictadura mediante videoconferencias.

Gaspar Llamazares, presente en la rueda de prensa que anunció el inicio del proceso de toma de declaraciones, ha manifestado: “Si alguien pensaba que linchando al juez Baltasar Garzón se acababa todo, estaba equivocado. Una puerta se ha cerrado en España, pero Argentina ha abierto una ventana”.

Llamazares comentó también la respuesta del Gobierno a su pregunta parlamentaria sobre la negativa del equipo de Rajoy a firmar el convenio de la ONU contra las desapariciones forzadas, al que el gabinete Zapatero se había comprometido dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Alegaban dudas jurídicas. “No asumen el compromiso –denunció el parlamentario- Este Gobierno, se ha convertido en un forajido fuera del Derecho Internacional. Todos los países han tenido que asumir su pasado: Sudamérica, Sudáfrica… El Estado español se define ya fuera como el Estado de la impunidad”.

Acabar con la impunidad
Los letrados Carlos Slepoy y Ana Messuti que representan a las víctimas, arropados por parlamentarios de IU (entre ellos Gaspar Llamazares), Ezquerra Republicana y AMAIUR, y junto a numerosos representantes de las asociaciones que se han personado en la querella, explicaron que su intención primordial es “acabar con la impunidad de los crímenes franquistas y ya que hoy por hoy esto es imposible en España, que se haga todo visible a nivel internacional”. Carlos Slepoy anunció también que diversos grupos políticos presentes en el Parlamento nacional han firmado un escrito solidarizándose con la querella. Entre ellos, IU al completo, así como diputados de Ezquerra Republicana, BNG, Compromis y Amaiur. Además de Llamazares, en la rueda de prensa se encontraba Joan Tardá (ER), e Iker Urbina (AMAIUR). En el acto intervino también mostrando su apoyo, el histórico dirigente comunista Víctor Díaz Cardiel.

A la espera de Exteriores
En un ambiente de optimismo ante el inminente inicio del proceso, la única duda era la de cuál iba a ser la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a la comunicación “de cortesía”, (matizó Carlos Slepoy), que el consulado argentino ha enviado para informar de que estas videoconferencias se van a realizar por indicación de la jueza. Podría ocurrir que la ausencia de respuesta o una opinión negativa llevara a retrasar estas declaraciones “eso daría idea de la actitud de las autoridades españolas”, opinó Slepoy.

Matanzas, torturas, niños robados…
De los testimonios que se espera comiencen este jueves, se extraerán los elementos de cargo contra quienes se señalan como presuntos responsables de algunos de estos delitos. Se van a narrar episodios de matanzas y desapariciones durante y después de la guerra civil, torturas y ejecuciones en los años 70, trabajo esclavo bajo el franquismo y la dura historia de los niños robados. Tras estas sesiones que se prevé concluyan el día 3 de mayo si todo va según lo previsto, la magistrada tendrá que decidir sobre la imputación y orden de detención internacional de nueve personas.

De Martín Villa a Billy el Niño
Entre ellos, los ex ministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, José Utrera Molina, los policías de la Brigada Social Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño), José Ignacio González Giralte, y Celso Galván Abascal; el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar, el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro y el capitán Jesús Cejas Mohedano. Si la jueza considera que son responsables, puede llamarles a declarar y, si no se presentan, solicitar una orden internacional de detención. Se trata del mismo procedimiento que Baltasar Garzón siguió con Pinochet. Los primeros testimonios que tendrá que valorar la jueza son los siguientes en los plazos iniciales que se apuntan:

Primera sesión, 25 de abril.

Pablo Mayoral Rueda, procesado, en el mes de julio de 1975, por el Juzgado Militar número 2 de la Primera Región Militar, en la causa 245/75. En este proceso se pidió pena de muerte para tres de sus compañeros. De ellos, José Humberto Baena Alonso, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975.

Merçona Puig Antich. Es la hermana de Salvador Puig Antich quien murió ejecutado a garrote vil, el día 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona. Pedro Fausto Canales. El padre de Fausto, de 29 años y seis de sus compañeros fueron asesinados en agosto de 1936 por un grupo de falangistas. En octubre de 2003 se descubrió el pozo-fosa donde habían arrojado los siete cadáveres, comprobando que los restos no existían porque se habían exhumado oficialmente, el uno de marzo de 1959. Los cuerpos se trasladaron al Valle de los Caídos.

Segunda sesión, 26 de abril.

Andoni Txasko Díaz. Denuncia que al día siguiente de los asesinatos de Vitoria-Gasteiz, el cuatro de marzo de 1976, fue brutalmente apaleado en la calle por la Policía Nacional. A consecuencia de esa paliza perdió el ojo derecho y le ha quedado una visión residual en el ojo izquierdo valorada en 1/50.
Hilda Farfante Gayo. Su madre, maestra y directora de las Escuelas Graduadas de Cangas del Narcea, fue detenida el 9 de septiembre de 1936 y a partir de entonces no se sabe más de ella. El padre de Hilda, maestro también, va en busca de su esposa y también desaparece. El abuelo paterno pone a salvo a las tres hijas pequeñas que serían recogidas por tres distintas familias y nunca más vuelven a vivir juntas.

Mª Remedios Palomo Casado. Su abuelo, alcalde republicano de El Arenal en la provincia de Ávila, fue detenido, encarcelado, condenado a muerte y ejecutado el 20 de diciembre de 1936. Su tía abuela fue igualmente detenida y condenada a 20 años de carcel. Los padres de su abuelo fueron detenidos y asesinados el 1 de noviembre de 1936. El hermano de su abuelo también fue asesinado en febrero de 1937.

Tercera sesión, 2 de mayo.

Silvia Navarro Pablo. El 2 de septiembre de 1936 en la ciudad aragonesa de Calatayud se produjo el secuestro domiciliario y el asesinato de 16 civiles. Entre ellos figuraba el tío abuelo de Silvia, José Antonio Marco Viedma, de 33 años. Sin permiso de las familias, los restos mortales de las víctimas fueron trasladados al Valle de los Caídos.

Soledad Luque Delgado. Denuncia el robo de su hermano gemelo. En la documentación recuperada aparecen nombres de médicos y funcionarios que considera están claramente vinculados con el régimen político franquista.
José Luis Gutiérrez Molina. Presenta una denuncia de trabajo esclavo en el Canal de Bajo Guadalquivir, llamado “Canal de los presos”. Incluye la relación de las empresas que utilizaron trabajadores esclavos durante el franquismo.

Cuarta sesión, 3 de mayo.
Jesús Rodríguez Barrio. Desde los 18 años fue detenido en tres ocasiones, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado. Su primera reclusión se produjo en el “Reformatorio de Menores” de la Cárcel de Carabanchel.

María Victoria Sánchez-Bravo Solla. La hermana de José Luis Sánchez-Bravo Solla relatará en su testimonio que Sánchez Bravo fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, después de ser cruelmente torturado.

Jon Etxabe Garitazelaia. Este sacerdote fue juzgado en el Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 más conocido como el “Proceso de Burgos”. Fue condenado a 50 años, condena en el penal de Zamora, cárcel en la que Iglesia y Estado habían convenido que los sacerdotes cumplieran sus penas.

Fuente: ElPlural.com - A. Moya | 23/04/2013

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