El Gobierno argentino revisará las cifras y no pagará lo que Repsol pide por YPF

El Gobierno argentino ha asegurado que "el Estado argentino no pagará los 10.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) que Repsol demandará a Argentina por la expropiación del 51% en la petrolera. Ha señalado además que revisará los "números" de los que hablaban de forma "imprudente" los directivos de la petrolera YPF.

"Estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera imprudente sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer la información secreta que la empresa manejaba", sostuvo hoy el viceministro de Economía e interventor de YPF, Axel Kicillof, ante el Senado argentino.

"Había mucha información (en YPF) que no estaba disponible para las autoridades", afirmó Kicillof, a quien fuentes empresariales consideran uno de los principales impulsores de la expropiación de la petrolera a la española Repsol.

Durante su comparecencia ante el Senado, donde hoy comenzó el trámite del proyecto de ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera argentina, Kicillof dijo que "YPF sirvió de fuente de recursos para solventar la expansión internacional" del grupo español.

Kicillof, una figura ascendente en el Gobierno de Cristina Fernández, cargó directamente contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

"Empresarios como Brufau, qué van a entender de lo que estamos haciendo cuando están pensando en la expansión trasnacional de un grupo que lo ha hecho a expensas de los recursos girados por nuestra compañía petrolera", manifestó.

El viceministro añadió que "Repsol es una compañía que ha buscado maximizar su beneficio, es legal, pero en esa búsqueda los intereses del grupo van a chocar con los intereses del modelo de crecimiento argentino con inclusión social y se va a hacer difícil seguir conviviendo".

El sector gubernamental pretender avanzar esta semana en la aprobación en el Senado del proyecto de ley de expropiación para iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados.