Los inimputables

El año pasado, una niña de 13 años fue amarrada de pies y manos e introducida en un hueco preparado en el suelo, tras lo cual fue lapidada por 50 hombres hasta morir en presencia de cientos de espectadores. El delito cometido por esta niña: haber sido violada, el hipócrita atenuante: tener 23 años –aunque el padre desmintió este dato y confirmó que tenía 13 años-. Aisha Ibrahim Duhulow iba a visitar a su abuela cuando tres hombres la interceptaron para violarla, al presentar la familia la denuncia, A. I. D. fue acusada de adulterio y condenada a morir apedreada. Cientos de personas presenciaron el acto. Ninguno de los “presuntos” violadores fue siquiera arrestado.

Este mes, en la localidad de Baena, una niña de 13 años fue violada por cinco chicos de entre 13 y 22 años, todos, salvo el mayor, están en régimen de internamiento semi-abierto. Las personas detenidas están acusadas de un delito continuado y no de violación. La niña estaba en las instalaciones de una piscina pública cuando, con engaño, la invitaron a salir del centro tras lo cual mediante chantaje la obligaron a mantener relaciones sexuales completas con los cinco, naturalmente todo esto es una “presunción”. Los atenuantes hipócritas: cuatro de los agresores son menores –no podrán ser imputados del delito los que tengan menos de 14 años-, la menor había mantenido relaciones sexuales con un chico de 22 años. Además una mujer presenció por lo menos parte de la violación denunciando los hechos cinco horas más tarde.

Una niña de 12 años con minusvalía psíquica fue violada el 19 de julio por siete chicos de entre 13 y 15 años en las playas de Isla Cristina. Dos de los “presuntos” violadores, al ser conocidos por la niña, la condujeron hasta la playa donde, escondidos tras unos matorrales, la esperaban los otros cinco chicos para consumar entre todos la violación. Aprovechando las condiciones psíquicas de la niña la amenazaron para que no los denunciara pero la menor terminó confesándose con su hermana. Según la opinión de un psicólogo consultado es muy difícil que una niña con minusvalía psíquica logre olvidar los hechos. La hipócrita atenuante: la niña presentaba una apariencia física mayor a la edad real; además, puesto que conocía a dos de los presuntos agresores se presume que les acompañó voluntariamente. Hasta el momento en que este relato se escribe, cuatro de los jóvenes ingresarán en un centro de menores acusados de un delito de agresión sexual, otro ha quedado en libertad vigilada y dos se encuentran en su domicilio porque no se les puede imputar.

Puede ser que la elección o el relato de los ejemplos no se considere el más afortunado pero da pie a afirmar que las mujeres de todas las edades en todas partes, siguen siendo un grupo vulnerable cuando se comete contra ellas delitos de agresión sexual. Del mismo modo avergüenza -por lo menos un poco-, constatar que se pueden hacer interpretaciones que “justifican” la violación en base a ciertas similitudes –a pesar de la distancia o de las diferencias culturales-. Es así como permitir que bombas de humo como la de que representaba ser mayor de la edad que tenía o que se podían haber puesto medios para que no sucediera la agresión en el lugar en el que acontecieron los hechos o apuntar a que la menor ya tenía experiencia sexual sólo ahonda en la abstrusa indefensión de una víctima castigada por el sistema.

No nos podemos dejar engañar, da igual que estos delitos se produzcan en espacios de ocio, en playas, en los vestuarios de instalaciones municipales o zonas comunes de los vecindarios por parte de desconocidos o familiares. No podemos permitir que nos distraigan pretextando que la solución está en establecer más seguridad. Da igual que las niñas parezcan mayores –que se diga que tiene 23 años cuando tienen 13 o que aparenten más-, que hayan mantenido o no relaciones sexuales consentidas, que por tener minusvalías se piense que olvidarán, las conciencias no se pueden tranquilizar tapando el sol con un dedo; la ley menor debe revisarse para proteger a ultranza a la verdadera víctima.

No cabe duda de que estremece pensar en que tu hijo varón vaya a ser privado de libertad cuando aún es un niño, que será educado y corregido por un extraño y que debemos admitir que es un violador. También es terrible pensar en que si su condena no termina antes de que cumpla 18 años estará en contacto con delincuentes habituales. Obviamente esto no significa que debamos dejar las cosas como están, muy al contrario. Los padres necesitan estar seguros de que sus hijas estarán protegidas y que sus hijos serán recuperados por profesionales adiestrados para ello, y serán ciudadanos integrados en el futuro. La sociedad está acostumbrada a usar el castigo para imponer límites, por este motivo es que es coherente plantear una reforma de la Ley del menor que, cuando busque las razones por las que se producen estos atropellos, no se pierda en consideraciones políticas y/o partidistas.

Pero, de la misma forma, la sociedad necesita de unos padres que tengan conciencia de su labor educadora. Los profesores están limitados para cumplir su labor –y en este sentido se manifiestan- porque los padres, a través de las APA o por ellos mismos, marcan los ritmos pedagógicos. Los asistentes sociales controlan la función educativa de los padres ya que toda denuncia por parte de un hijo respecto a sus progenitores, tiene como resultado reforzar la protección del menor –aunque esté mintiendo-, con independencia del resultado a mediano o largo plazo. En definitiva, ni la familia, ni el entorno social –no olvidemos el mobbing escolar-, ni la escuela ni el Estado puede reprender a los menores.

Estamos en el extremo de tener que enfrentarnos a una delincuencia precoz sembrada de niños consentidos que conoce y practica sus derechos y, cuyo mayor logro es haber descabezado la autoridad de los padres. Pasó la época en la que temías que vinieran a quejarse de ti a tus padres. Ahora no te pueden castigar en casa y tampoco fuera de ella. Es como si hubiéramos creado un fantástico mundo sin normas “hasta que cumplas 14 años” en el que el educador tradicional tampoco tiene responsabilidades. En este contexto cabe plantear -como método económico para forzar la conciencia de los padres- qué pasaría si los padres de una niña agredida pidieran una responsabilidad civil subsidiaria a los progenitores del agresor porque los consideraran cómplices por omitir su deber de educar al hijo conforme a las normas de convivencia. Encontramos que el verdadero límite está en la responsabilidad que asuman los adultos, e innegablemente ésta pasa por una revisión responsable y realista de la Ley del menor.

Las fronteras entre víctima y agresor necesitan ser claras. Proteger al menor que ha cometido un delito no debe llevarnos al extremo de victimizarlo. Ellos son los agresores, las niñas violadas son las víctimas. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que estamos en una época en la que la tecnología ha puesto al alcance de los niños una información que les hace adultos para ciertas cosas y los mantiene en la infancia para otras.

A estas alturas, es de dominio público que el porcentaje de violadores que se corrigen es mínimo, además los estudios sobre agresiones sexuales revelan que los adultos castigados por violación comenzaron su “carrera” a los 11 años. No se trata de alarmar sobre este peligro sino de prevenir. A menudo se admite que el impulso sexual del varón es incontenible –se presume que es mecánico-, de hecho cuando este delito sucede en los adultos, éstos no le ven la gravedad a sus actos, no entienden qué han hecho de malo –lo mismo que dicen los menores aludidos anteriormente-, parece que hubieran sido absorbidos por un deseo incontenible.

En el caso de los menores se plantean varias preguntas. En primer lugar, no parecen obedecer a un impulso descontrolado ya que eligieron sus víctimas, premeditaron el lugar –esperaron escondidos-. En segundo lugar, sería un poco ingenuo pensar que la idea se les ocurrió tan espontáneamente como una travesura. Es que, de la misma manera que es inadmisible pensar que un niño de 12 años que roba una play station no sabe lo que está haciendo, es inverosímil pensar que su agresión no obedeciera a una planificación. Por último hay que tener presente que si bien el delito de robo está claro, también es cierto que se puede solucionar cuantificando el daño, sin embargo los delitos de agresión sexual no son cuantificables. No obstante están gritándole a la Ley por una satisfacción.

Parece que no fuera la primera vez que la Ley –que no la Justicia- nos dijera una cosa y el sentido común otra. Conciliar el deseo social de proteger a la mujer -independientemente de su edad-, mediante la legislación sigue siendo un asunto pendiente especialmente en el caso de los menores. Sin embargo es una tarea que, por pura salud social, no se puede dejar para más adelante. No pasarán ni diez años antes de que esos niños sean jóvenes, mayores de edad y con la conciencia de que ya en una oportunidad anterior cometieron una violación en plena luz del día, ante más de 44.000.000 millones de personas y no pasó nada. Percibirán la sangre con la misma claridad que los tiburones. Saben que sus padres están pidiendo al Poder Judicial que arregle algo que el Estado ha debilitado, poniendo al alcance de menores inimputables armas de agresión social sin establecer normas para usarlas.

Al escuchar la noticia de la violación ocurrida en Isla Cristina una sospecha pasó volando: ¿repetir el modus operandi para constatar su inimputabilidad no es acaso un frontal y premeditado desafío a la autoridad? La ley del menor está abocada a admitir que debe actualizarse en función a los tiempos que corren pensando en que el perfil físico y psicológico del adolescente ha cambiado. Si el futuro está en las manos de las nuevas generaciones, ¿qué manos estamos acunando?.