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OPINIÓN: Retos de la sociedad española en el siglo XXI

Un nuevo impulso a la tolerancia

Por Mónica Silvana González  y Fernando Fernández Lara (*)

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
De (i) a (d), Pedro Zerolo, Mónica Silvana González  y Fernando Fernández Lara
De (i) a (d), Pedro Zerolo, Mónica Silvana González y Fernando Fernández Lara

Uno de los retos que nos plantea el modelo social del siglo XXI, es el de la convivencia. Convivencia que nos hemos dado partiendo de la condición de personas libres e iguales y que es desestabilizada recurrentemente, por quienes se atribuyen el derecho a calificar como verdaderos miembros de la comunidad nacional a quienes cumplen sus parámetros, y a calificar como ciudadanos de segunda clase al resto al margen de lo dispuesto en cualquier texto constitucional o legal. Las acepciones de xenofobia, como aversión o desprecio hacia lo extranjero, o de racismo, como exclusivismo de raza, contienen en el lenguaje ordinario los elementos de tan irracional, a pesar e extendido, comportamiento social.

Históricamente, la ultraderecha española estuvo vinculada a las ideas nostálgicas del franquismo, pero en los últimos tiempos ha ido evolucionando hacia una nueva forma de difundir su discurso del odio, con ideas xenófobas, relacionadas con los movimientos fascistas y excluyentes europeos. La existencia de estos grupos “ultras” vinculados con la estructura europea de partidos como Frente Nacional (Francia) o el Partido de la Libertad (Alemania), no tuvo expresión clara hasta el inicio de la década del 2000.

En este sentido es importante señalar que la mejora de sus resultados electorales se produce en paralelo al aumento global de la inmigración en España. En las dos últimas elecciones municipales, se ha manifestado claramente el ascenso de los partidos que han utilizado mensajes excluyentes y xenófobos como estrategia de campaña y que han utilizado la crisis económica para difundir sus mensajes y ganar adeptos. Los presagios se han concretado con la institucionalización de sus propuestas. Hoy, existen mas de ochenta concejales que representan estos postulados, como por ejemplo las comarcas del Baix Llobregat en Barcelona, Salt en Girona, El Vendrell en Tarragona, Silla y Dos aguas en la Comunidad Valenciana y en ciudades de la Comunidad de Madrid como Galapagar y Alcalá de Henares, uno de los centros neurálgicos de este movimiento.

Resulta igualmente preocupante atender a los datos que nos presenta la encuesta publicada en diciembre de 2010 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre discriminación por motivos étnicos y raciales. La encuesta se hizo sobre una muestra de 23.500 ciudadanos de la Unión Europea seleccionados por tener un perfil racial o étnico. Una de cada cuatro personas (25%) perteneciente a una minoría fue víctima de un delito al menos en una ocasión durante los doce meses anteriores a la encuesta. Una media del 82% de las personas discriminadas durante los últimos doce meses no denunció el acto de discriminación ante las autoridades competentes, ni denunció las experiencias de discriminación a ninguna organización ni el lugar en que se produjo. Eso significa que miles de casos de discriminación no son denunciados ni registrados por la estadística.

Hemos de requerir de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad civil planteamientos valientes y apostar con decisión a impulsar un desarrollo y profundización de la necesaria reforma de los textos legislativos, para que se pueda actuar de manera efectiva contra las organizaciones que fomenten el odio, el racismo y la xenofobia.

No puede ser legal en democracia un partido que, amparándose en sus fines o por la actividad de sus miembros, de manera grave, reiterada y permanente, actúe contra los principios democráticos, la convivencia y el pluralismo y amparen la xenofobia y el racismo. Es obligación de los poderes públicos el respeto y el hacer respetar el ordenamiento jurídico, así como impulsar un plan de actuación dirigido a hacer cumplir las leyes a todos los ciudadanos, nacionales e inmigrantes, y establecer una propuesta de medidas para proteger a las personas de estos ilegales comportamientos de exclusión.

Cabria por tanto señalar en primer lugar algunas medidas relativas a la aplicación de políticas efectivas contra el odio ideológico y la discriminación y que hoy encontramos como carencias en la actuación de los poderes públicos. El punto de partida, sin duda, es el necesario impulso de la sensibilización social preventiva y la movilización ciudadana contra el racismo, el fascismo y la intolerancia, mediante campañas y acciones de toma de conciencia de la gravedad del problema. Es aquí donde se hace indispensable la participación de la Corporaciones Locales, los conflictos suelen originarse en lo cotidiano, la escalera, el parque, el centro deportivo.

Necesitamos una respuesta especializada del Ministerio Fiscal, de tal manera que las Fiscalías de las

Comunidades Autónomas, Fiscalías provinciales y Fiscalías de Área contaran con secciones especializadas en delitos de discriminación y la creación de un Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo que supervise y coordine la actuación de las Secciones especializadas en delitos de discriminación en todo el Estado.

Deberíamos, en todo caso, constituir unidades especializadas de policía para la investigación de este tipo de delitos y establecer, a su vez, planes de formación en igualdad, delitos de odio y delitos con componente de discriminación, en todos los planes formativos de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial y en las respectivas Fiscalías. Llegados a este punto deberíamos incluir una formación mínima indispensable en normativa administrativa sobre igualdad y no discriminación en las empresas de seguridad privadas para el acceso a las mismas de sus miembros.

Por último y dentro de este paquete de medidas efectivas, tendría sentido incluir el necesario ajuste de los sistemas informáticos policiales y de los diferentes órganos de la Administración de justicia, para poder contabilizar todos los delitos de odio y discriminación denunciados. Sin conocer la dimensión y el alcance real del problema será imposible por parte de los poderes públicos diseñar una política criminal efectiva y seria.

Reformas para una convivencia positiva

El “caballo de batalla” principal está en las necesarias reformas de ámbito legislativo, que permitan acabar con los espacios de impunidad. Reformas como la previsión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de poder adoptar cautelarmente el bloqueo de páginas Webs, Bolgs, correos masivos, etc. que inciten al odio y a la discriminación y la previsión de imponer dicha medida como pena en el código Penal. Reformas que pasan por la aprobación definitiva de la Ley de igualdad de trato y no discriminación presentada en la anterior legislatura y que debe incluir la asistencia y protección de las víctimas de estos delitos.

Y sin duda, actualizar y modernizar los artículos del Código penal relativos a la lucha contra la discriminación. El código penal de 1995, supuso un hito histórico y un cambio de ciento ochenta grados en el abordaje del fenómeno de la discriminación, al contemplar de manera expresa figuras delictivas y una agravante especifica que sancionaban ciertos comportamientos en los que el móvil de la discriminación estaba presente. Es necesaria la actualización del Código Penal para cubrir sus omisiones y deficiencias y adaptarlos a las exigencias de la Decisión Marco de la Unión Europea 2008/913. Particularmente se hace necesaria una nueva redacción del Artículo 510, sustituyendo el término “provocación” por el de “incitación pública”, que evite la impunidad de los propagadores del odio.

Es esencial la reforma y modernización de la Ley de Partidos, que permita su aplicación integral y efectiva a partidos que justifican el racismo y la xenofobia. La actual ley contiene ambigüedades e imprecisiones en su articulado que hacen complicado se puedan emprender procesos de ilegalización de Partidos políticos que propugnen el cambio de los principios constitucionales solo a través de la difusión de sus ideas, en clara contradicción con la Declaración Marco del La Unión Europea de 2008 ratificada por nuestro país.  Por tanto, necesaria reforma y adecuación de su Exposición de Motivos y del Artículo 9.2.a), sustituyendo “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo...”, por la nueva fórmula “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación pública o mediante actividades de propaganda organizada y...”.

La aplicación de todas estas medidas efectivas y las necesarias reformas de ámbito legislativo, deben constituir un marco férreo que cumpla una condición clara de prevención, fijando los principios de una autentica política de Estado, integral y transversal, que involucre a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad civil. Y es sin duda la política de prevención el elemento principal y sustancial para combatir estos espacios de impunidad, y debemos ponernos a ello sin dilación, porque si esperamos a que los destinatarios de la misma pasen a la acción, posiblemente el derecho penal habrá llegado muy tarde.

Nos ponemos en contacto con Ud, para enviar el artículo sobre el tema “El avance de los postulados xenófobos y racista en España”, lamentablemente ante este fenómeno que se institucionaliza es importante tomar conciencia.

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(*) Mónica Silvana González  y Fernando Fernández Lara, son concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Mónica Silvana González  es además, coordinadora de Punto Latino - Secretaria de Movimiento Sociales - CEF PSOE

 

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