Menos política y más sociedad

Si vamos a cuestiones de arraigo, es probable que podamos seguir asistiendo impasibles al espectáculo salvaje del Toro de la Vega y al que no le guste que no venga. O al caciquismo institucional denunciado por Ciges Aparicio en su novela El juez que perdió la conciencia, aquel caciquismo combatido hace más de un siglo por Joaquín Costa, el cual no parece que hayamos abandonado del todo a juzgar por el “merecido” homenaje que nuestra Diputación ha rendido en el pasado reciente a algún alcalde cuatrero de ganado, pero muy fiel al partido gobernante. ¿Que exagero?, pregunten en Pradosegar.

No es extraño que los políticos “profesionales”, es decir, quienes han hecho de la política un empleo de por vida, defiendan a capa y espada la permanencia irracional de municipios diminutos que ven menguar su población de año en año y, en consecuencia, defiendan la permanencia de las Diputaciones Provinciales, verdaderas muñidoras del mapa político rural de España. Debe de ser estupendo poder clavar la banderita con el icono del partido en el mapa (a más banderitas, más mangoneo, más poder), aun a sabiendas de que en muchos pueblecitos se vota a la persona porque se confía en ella o porque se la teme, con independencia de que el aspirante se haya arropado con unas siglas u otras, a veces empujado desde fuera.

En Castilla y León hay 2.248 municipios. Solo 25 de ellos cuentan con más de 10.000 habitantes; y 1.708 no llegan a 500.

Ávila cuenta con 248 municipios, 20 de los cuales no llegan a los 50 habitantes, 47 más no pasan de los 100 y otros 64 no alcanzan los 200. No abrumaré con porcentajes y datos sobre densidad de población para no caer en la melancolía. De esta población, la mayoría en la tercera edad, una parte importante solo reside en los pueblos en el buen tiempo y otra parte, nunca, aunque estén allí censados. Visitar los pueblos, si no es verano, es la mejor forma de entender el radicalismo literario de Fray Antonio de Guevara cuando compuso su Menosprecio de corte y alabanza de aldea.

Cada vez tengo más dudas sobre eso de la raigambre como argumento para este y otros asuntos. Repaso un documento de 1594 que da cuenta de lo aportado al obispado por cada una de las “fábricas”, es decir, de las iglesias en función de su capacidad económica. La ordenación actual de los municipios tiene su raíz, en muchos casos, en aquellas “fábricas”. Y me encuentro con que a finales del reinado de Felipe II (que ya es raigambre), Ávila contaba con unas 500 unidades de población. El paso del tiempo y, sobre todo, la ordenación territorial promovida por el ministro y senador afrancesado Javier de Burgos en 1833 puso un punto de racionalidad en aquella atomización. ¿Por qué no seguir reduciendo?;  dejando, eso sí, que cada cual siga haciendo el baile en la plaza para honrar al patrón, cantando romances el Jueves Santo o asustando a los niños en Carnaval disfrazado de cucurrumacho.

Es decir, dejemos bien protegida la raigambre esa que le está sirviendo a algunos para hacer real aquello del Príncipe de Salina creado por Lampedusa: “cambiar algo para que nada cambie”. Pero convenzamos a estos municipios que han encogido con el paso del tiempo de que lo mejor es agruparse para obtener más y mejores  servicios, para ahorrar en beneficio de todos, sin necesidad de crear estructuras intermedias que lo único que consiguen es hacer crecer la burocracia y crear empleos administrativos innecesarios.

¿Y si hubiera algún municipio pequeño con economía saneada, actividad cultural contrastada, reconocimiento público, que sea algo más que la aldea que abre los fines de semana y en los días de la fiesta?

Pues se le deja que siga siendo pequeño, e incluso se le pone de ejemplo. Se trataría, pues, de un proceso vivo y revisable, no de esculpir de nuevo las Tablas de La Ley.

En definitiva: menos política y más sociedad.