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OPINIÓN

Desorganización territorial

Por Manuel Vicente(*)

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

Me sorprenden las últimas noticias: la Junta de Castilla y León pone ahora sobre la mesa la agrupación de municipios, y el presidente de la Diputación de Ávila, firme defensor de una institución obsoleta, se convierte en el abanderado de una nueva administración, los ‘distritos’.

Sinceramente, no entiendo que este debate se establezca justo después de unas elecciones municipales y no antes, para que los ciudadanos puedan conocer y valorar cómo se plantean las modificaciones de sus administraciones más cercanas.

Tal vez, y poniéndome en su piel, la justificación de la ausencia de ese debate fue el rédito electoral. Poner sobre la mesa un tema difícil de explicar, como es el futuro de algunos municipios, es estratégicamente poco adecuado para los partidos políticos tradicionales, que lo que buscan es únicamente un éxito en las urnas.

Seamos realistas. La conveniencia o no de plantearse ahora la existencia de administraciones como las diputaciones provinciales o de agrupar municipios no se corresponde con una inquietud real del PP-PSOE, que no han sido capaces ni de incorporarlos a sus programas electorales, sino por una inquietud popular que empieza a ver cómo los ciudadanos estamos sometidos a excesivas administraciones, muchas veces solapadas y sin justificación.

Señores, hay que coger el toro por los cuernos y plantear un mapa administrativo real, eficaz, coherente, con competencias claramente establecidas, eficiente y que únicamente piense en prestar buenos servicios a sus administrados.

UPyD ya propuso hace tiempo que, en este país, hacen falta administraciones sin clientelismo político, administraciones que no se conviertan en pequeños reinos de taifas, que por otra parte ya pueblan nuestro territorio, y hablo del número excesivo de municipios, muchos de ellos incapaces de cumplir con sus obligaciones fiscales o propiciando sueldos de alcaldes y concejales que no se corresponden con sus responsabilidades. Administraciones obsoletas o intermedias creadas o existentes, pero difícilmente justificables, con el único afán de mantener el poder político, de colocación de “fieles” y manipuladas como engranaje de captación de votos en convocatorias electorales.

Creo sinceramente que la propuesta de dividir la región en 250 distritos, que deberían ser gestionados desde las delegaciones territoriales, sin abordar a su vez la eliminación de las diputaciones provinciales, produciría el efecto contrario y crearía una nueva administración intermedia que complicaría aún más la ya difícil y excesiva dependencia administrativa del ciudadano.

Seamos claros, España tiene actualmente 8.114 municipios, de los cuales un 60 por ciento tienen menos de 1.000 habitantes, y más de 1.000 con una población inferior a los 100, siendo uno de los países de la Unión Europea con administraciones más pequeñas.

La referencia con países de nuestro entorno, con población mayor que España, es ilustrativa: Alemania pasó de 25.000 municipios a 8.400; el Reino Unido de 1.520 a 522, en fusiones realizadas en corto espacio de tiempo y previo estudio de viabilidad de éstos municipios. Todo esto con un claro objetivo: ofrecer mejores servicios, una gestión más transparente y un ahorro significativo a las arcas del Estado.

Además de las medidas de reducción administrativa tomadas recientemente por Grecia e Italia como “sugerencia” de la Unión Europea, cosa que me temo nos terminarán imponiendo.

Eso por no hablar de los 68.462 alcaldes existentes, innumerables edificios municipales o de los 1.040 diputados provinciales de las 37 diputaciones existentes con sus cargos y cargas.

Señores, hace falta un estudio riguroso de la situación actual de los municipios españoles, de su población, de la calidad de los servicios que prestan, de los recursos con los que cuentan, de la capacidad de financiación, etc. para establecer un nuevo mapa municipal.

Urge una ley que contemple la alteración de los términos municipales, que aborde la reforma del mapa local y que establezca los requisitos mínimos económicos indispensables para el funcionamiento de cualquier ayuntamiento.

Por otra parte, este país necesita una reforma constitucional que contemple, además de otros cambios necesarios, la supresión de las diputaciones provinciales, que están solapadas con los servicios territoriales de las comunidades autónomas, que deberían asumir las competencias de aquellas para dar un servicio técnico y de asesoramiento a los municipios, más eficaz, y menos costoso para los vecinos.

Actuemos con valentía, tomemos decisiones necesarias con precisión, sin importar si son o no populares sino valorando si son realmente eficaces. Hagamos las cosas nosotros o lo tendremos que hacer en alemán.

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(*)Manuel Vicente es coordinador local de UPyD en Ávila

 

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