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The Pirate Party: el Partido Pirata

The Pirate Party: el Partido Pirata

El Partido Pirata (en sueco Piratpartiet) es, en este momento, la tercera fuerza política con más afiliados en Suecia

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
No podemos decir que la sentencia condenatoria a los administradores de The Pirate Bay sea la causa directa de este aumento de afiliados, pero lo cierto es que el Partido Pirata sueco ha multiplicado el número de sus afilados por tres en el corto espacio de menos de un mes. Sólo en el mismo día de hacerse público el veredicto, el número de afiliados al partido pasó de 9.000 a casi 19.000, y desde ese día hasta hoy alcanzan la cifra de casi 45.000 afiliados.
Rick Falkvinge, fundador del Partido Pirata sueco.
Rick Falkvinge, fundador del Partido Pirata sueco.
El objetivo del Partido, como se puede adivinar, es reformar las leyes del copyright, y reforzar el derecho a la intimidad, tanto en Internet como en la vida cotidiana, así como garantizar la transparencia de la administración del Estado. En principio, y tal y como están las cosas, no parece un ideario muy amplio, nada citan acerca de medidas anti-crisis u otros problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, pero bien es cierto que Internet es ya parte de nuestra vida cotidiana, y cada vez más nos interesa todo lo relacionado con la Red. Nuestros propios trabajos en muchos casos tienen relación directa con Internet, las compras que realizamos, las vacaciones que planeamos, contratamos y pagamos a través de Internet, las comunicaciones laborales y familiares a través de mensajería instantánea, las redes sociales, que nos permiten estar al tanto de las actividades de nuestro círculo de amistades, y nuestro ocio y entretenimiento también proviene de la Red.


En Francia acaban de aprobar una ley bastante polémica que permitirá desconectar a los usuarios que realicen descargas ilegales de Internet, pudiendo, en el más grave de los casos contemplados, cortarse la conexión del usuario, que además estará obligado a seguir pagando la conexión durante el tiempo sancionado, aunque no la pueda utilizar. La sentencia condenatoria a The Pirate Bay, las manifiestas intenciones de los gobiernos de España, Reino Unido o Italia de proponer leyes semejantes, sin ir más lejos las presiones del Gobierno de los Estados Unidos hacia el Gobierno de España a través de su 'lista 301' y de un comunicado que urge al gobierno español a tomar cartas en el asunto de los intercambios P2P y que incluso cuestiona la circular del fiscal general del Estado español en la que se indica claramente que el intercambio de archivos P2P no es delito en el territorio español. Parece que cierta sensación de amenaza se cierne sobre los internautas. Internet hasta ahora era una 'zona franca', una especie de país neutral donde no se aplicaba prácticamente ningún tipo de legislación. Poco a poco se han ido introduciendo normas, algunas que la red necesita, como las leyes y acuerdos internacionales que persiguen la pornografía infantil, las estafas vía web y demás delitos contra las personas y la propiedad. Pero ¿y la propiedad intelectual?

El argumento que sostienen las comunidades de internautas que comparten archivos es que el hecho de compartir un archivo, si no se obtiene beneficio económico de ello, no es delito. Viene a ser el 'prestar un disco' de toda la vida, para que lo grabes, pero a través de la red, y en un volumen infinitamente mayor. Cuando Internet no era la herramienta cotidiana que ahora es, y uno iba a casa de su amigo para prestarle el disco, no suponía mayor problema para las casas discográficas. El problema empezó cuando Internet facilitó el camino para poder hacer esto de forma masiva. En vez de poder prestar mi disco, libro o película a un limitado número de personas, las que constituyen el círculo cercano de amistades o conocidos, ese círculo aumentaba exponencialmente, de forma que en un sólo día se puede compartir esa película o ese disco con decenas o cientos o incluso miles de personas. Las compañías de ocio y entretenimiento en seguida notaron ese cambio en su volumen de ventas y declararon la guerra al intercambio de archivos a través de la Red, argumentando que los artistas, productores, cantantes, actores y autores en general de las obras tenían derecho, el derecho que ciertamente les ha amparado siempre, a obtener beneficios de esas obras. El problema se plantea cuando las medidas que se toman rompen de alguna manera el equilibrio entre lo que la sociedad demanda y lo que las compañías quieren conservar. Por un lado el modelo de Internet libre, sin restricciones, que también ha permitido el florecimiento de compañías independientes que a través de Internet y con los gastos mínimos, publicitan sus productos, de cualquier tipo; el caso de aquellos realizadores de cine noveles, o de esas bandas de música que en MySpace han logrado repercusión internacional y que han perfilado un nuevo modelo de negocio basado, en este último caso, en permitir las descargas gratis de sus obras para llegar a un número más amplio de personas. Por otro lado, el modelo de Internet que protege los derechos de autor hasta sus últimas consecuencias, promovido por las grandes compañías de ocio y entretenimiento, que no se resignan a perder las enormes cuotas de negocio que habían alcanzado a mediados de la década de los noventa.

El problema está en que los modelos chocan. No ha habido un acuerdo o término medio, salvo contadas excepciones, entre las grandes compañías y lo que la sociedad demanda. Otro gran escollo es que las grandes compañías pueden ejercer mucha más presión sobre los gobiernos, por la cantidad de negocio que manejan, que las asociaciones o grupos de presión que empujan en sentido contrario. Este es otro de los problemas, el de dejar que sean compañías privadas las que, de cierta forma, controlen Internet. Los partidarios de Internet 'libre y neutral' acusan a las grandes compañías de no haberse sabido adaptar al nuevo modelo de sociedad 'internetizada' y querer seguir basando su negocio en un modelo que parece en franco declive. Las grandes compañías argumentan que este modelo perjudica a los autores, reduce beneficios, hace perder puestos de trabajo, lleva cada vez menos gente a las salas de cine. La pregunta es sino está ya la suerte echada para algunos de estos negocios, y si las leyes restrictivas garantizarán la supervivencia del 'antiguo modelo' que las grandes compañías defienden a capa y espada. En el caso de Francia, la ley perseguirá a las personas que realicen descargas ilegales, pero para eso debe identificar a quien realiza la descarga. Para los entendidos en temas de Internet, no es difícil 'enmascarar' la conexión para hacer difícil o imposible el rastreo del infractor. Cada vez que una compañía anunciaba un CD o DVD con un sistema anticopia 'infalible', al día siguiente algún programador o desarrollador independiente ya había publicado en internet el código necesario para violar la seguridad del soporte. ¿Dispone Francia del dinero y del equipo humano necesario para rastrear a todos los que infrinjan la ley? Si al final se da el caso, a lo mejor al gobierno francés le sale más a cuenta pagar directamente a las compañías un canon por las descargas ilegales de los usuarios franceses que destinar tantos recursos a la presecución de los infractores.

Los partidarios de Intenet 'libre y neutral' argumentan que no es justo que se tomen medidas que sólo contentan a una parte de las implicadas en el problema, y que además estas medidas sean tan restrictivas como las que parece que se van a implantar en Francia, España o Italia. Hay sectores de usuarios que estarían dispuestos a soportar publicidad si las descargas fueran gratuitas o si fueran a un precio sensiblemente inferior, son opciones que se han planteado y que puntualmente se aplican, pero que no han sido estudiadas a fondo por las compañías perjudicadas por el intercambio de archivos, y no parece que sea el modelo que actualmente persiguen. Además está el tema de la uniformidad de criterios. Todavía queda por llegar a un consenso internacional sobre qué es legal y qué no lo es. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, en el caso 'Metro Goldwyn-Mayer contra Grokster', condenó la mera incitación al intercambio de archivos protegidos por derechos de autor, es decir, aunque no haya ánimo de lucro, si una página que administro, por ejemplo un blog, contiene enlaces a descargas P2P, puede ser perseguida y denunciada. En España, las descargas P2P no son ilegales, y las páginas que alberguen enlaces de este tipo, tampoco, siempre y cuando quien las administre no obtenga ningún beneficio, directo o indirecto, de alojar dichos enlaces.

El cuestión es que, aunque los autores tienen derecho a la protección de sus obras y a recibir beneficio económico de ellas, el modelo de 'Gran-Compañía-que-maneja-los-hilos-e-impone-su-modelo-a-costa-de-lo-que-sea' amedrenta a los internautas y hace salir la parte rebelde de los navegantes, aquella que no quiere que 'su' Internet sea contaminada por los criterios comerciales de las grandes compañías. Es una suerte de David contra Goliath. El hecho de que se aprueben leyes como la francesa es indicativo de que los usuarios de Internet, a pesar de pagar cánones por casi cualquier soporte que pueda albergar una copia de algo (CD, DVD, pen drives, discos duros, etc) como en España, están a merced de lo que dicten las grandes compañías privadas y se sienten amenazados.

Parece ser que este sentimiento de indefensión ante las leyes que proponen ciertos gobiernos, empujadas por los lobbys de presión de las compañías de entretenimiento, es el que está haciendo crecer vertiginosamente las comunidades de usuarios que defienden el modelo de 'internet libre y neutral'. Y parece ser la causa del auge inusitado del Partido Pirata en Suecia. Quizás es el siguiente paso. El Partido Pirata ya es la tercera fuerza en Suecia en número de afiliados y sigue en aumento. El partido ya prepara su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Parece que puesto que es en los medios políticos donde se están llevando a cabo los principales movimientos de este ajedrez, y desde donde se puede actuar a favor o en contra, legislativamente hablando, la política será la arena donde se batirán los intereses de una y otra parte. En esta línea ya se ha expresado Rick Falkvinge, líder y fundador del partido: “El veredicto contra The Pirate Bay no ha sido el único hecho, sino el colmo de una larga serie de eventos. A sólo un mes de las elecciones europeas la sucesión de estos hechos ha actuado como un catalizador para el cambio”, y enfatiza en que “el Lobby -refiriéndose al grupo de presión formado por las grandes compañías- está siempre moviéndose en ese 'área gris', haciendo incursiones y actuando de manera muy agresiva. El Lobby está dañando la sociedad abierta y nuestra economía a un nivel que creo que debería ser considerado criminal, especialmente teniendo en cuenta de que lo hacen como una operación comercial”.

El hecho es que Pirate Party parecen haber venido a equilibrar la balanza y dar voz, y voto, a todas aquellas personas que se sientan identificados con su causa y crean que los usuarios de Internet también deberían tener una manera de intervenir en política y sociedad más allá de la que pueda ser escribir opiniones en foros y blogs. En otros países, como en España, existen ya convocatorias para que los internautas se muevan no sólo en la red, sino en la calle. El próximo 24 de Mayo, convocada por la Asociación de Internautas, la sociedad española está invitada a acudir a la manifestación “por los derechos civiles, la neutralidad y universalidad de la Red”, en la Plaza del Rey de Madrid, frente al edificio del Ministerio de Cultura.
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