Aunque no se ha producido una confirmación oficial, el diario 'The New York Times', citando filtraciones de altos funcionarios, da por hecho que en las próximas semanas comenzarán otra vez a funcionar los tribunales militares.
Entre los posibles candidatos a ser juzgados con más rapidez figuran los sauditas Abd al-Rahim al-Nashiri, quien presuntamente planeó el atentado del año 2000 en Yemen contra el portaaviones Cole, Ahmed al-Darbi, acusado de un fallido plan para atacar petroleras en el golfo Pérsico, y el afgano Obaydulá, sospechoso de haber ocultado bombas. En el caso de Al-Nashiri, se baraja la posibilidad de que la Fiscalía militar pida la pena de muerte, ya que diecisiete marinos murieron en el atentado contra el buque militar 'USS Cole'.
Al-Nashiri llegó a Guantánamo después de haber pasado por las cárceles clandestinas de la CIA, donde fue sometido a 'waterboarding', una forma de tortura que simula el ahogamiento, también ampliamente utilizada en el centro de detención en Cuba en los tiempos de George W. Bush. La Fiscalía castrense considera que el ataque contra el 'USS Cole' en 2000 fue un crimen de guerra y lo circunscribe a la declaración lanzada por el líder de Al-Qaida, Osama bin Laden en 1996.
La Casa Blanca ha ido cambiando progresivamente de estrategia a raíz del juicio civil, hace dos meses, contra el tanzano Ahmed Ghailani, sobre el que pesaban 285 acusaciones por los atentados contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania. Obama veía en el traslado a la justicia civil de los casos de los reos de Guantánamo y en su envío a otros países, vías para el cierre del penal. Pero tras la débil sentencia dictada por el tribunal, las voces críticas contra esos procedimientos se dispararon.
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