Y es que la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, así como la suspensión de los desahucios de los hogares vulnerables, seguirán activos durante un trimestre más tal y como anunció el Gobierno el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados. No obstante, aún no había trascendido hasta cuándo iría esa prórroga y había cierta expectación sobre esta decisión.
Hasta mediados de verano
La incógnita se despejó la semana pasada y ya se conoce la nueva fecha límite que tendrán estas medidas, que irán salvo una nueva prórroga, hasta el 9 de agosto de 2021. Así se ha aprobado en los últimos días en el Consejo de Ministros, con un real decreto de medidas urgentes como centro de atención.
De igual modo, el Ejecutivo ha recordado que en la publicación del BOE también se incluirá la prohibición de cortar suministros básicos (luz, gas y agua) en los hogares en cuestión. Una serie de medidas a la que estaría cerca de sumarse la prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, que si nada cambia vencerán con la conclusión del mes de mayo y también son una de las medidas más esperadas del mencionado ‘escudo social’.
Con estas medidas, desde el Ejecutivo pretenden atender todas las situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse después del 9 de mayo y apuntan que esta moratoria o condonación parcial de la renta no afecta a los pequeños propietarios de la vivienda y que solo puede ser solicitada una vez durante el periodo vigente.
Errores a evitar por parte de los propietarios
Ante esta serie de medidas, es muy importante no perder los papeles y respetar minuciosamente lo aprobado en la ley. El letrado Kenari Orbe está acostumbrado a ayudar a propietarios que desean recuperar la posesión sobre su inmueble, a ellos siempre les dice que “aunque parezca difícil de comprender, el hecho de, por ejemplo, entrar en la vivienda aún pudiendo acreditar que se es el propietario puede tener repercusiones legales”.
Es más, si se diera el caso, asegura que “los inquilinos de dicha vivienda podrían denunciar al propietario por allanamiento de morada, ocurriendo igual si se cortan los suministros con la intención de no hacer habitable la vivienda”. Todo ello, sin entrar a valorar la labor que realizan determinados grupos organizados especializados en el desalojo de inquilinos por la fuerza.
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