«Por primera vez en la historia se han realizado capturas sistemáticas de miembros de todas las organizaciones criminales», afirmó a principios de mes Calderón para intentar contrarrestar la dureza de los datos. Y, en efecto, así sucedió con el cartel de los Beltrán Leyva tras la muerte de su líder, Arturo, a finales del 2009 y la posterior detención de dos de sus sucesores, Edgar Valdés, la Barbie, y Sergio Villarreal, el Grande.
Ocurrió también con las muertes de Nacho Coronel, número tres del cartel de Sinaloa, Antonio Cárdenas, Tony Tormenta, líder del cartel del Golfo, y la más reciente de Nazario Moreno, carismático líder de La Familia Michoacana. En total, 10 de los 24 narcotraficantes más buscados han muerto o han sido detenidos con la ayuda de Estados Unidos, aliado en el plan Mérida, pero también principal consumidor de la droga que sale de México.
Sin embargo, la estructura criminal de los carteles parece intacta, según algunos expertos. «No importa cuántos se hayan matado o detenido en cuatro años. Hay cientos o miles de personas dispuestas a sustituirlos porque no ven otra opción mejor de vida», argumenta Samuel González, especialista en narcotráfico.
Desde que a primeros de año 16 jóvenes fueron acribillados en una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez, el goteo de víctimas civiles no ha cesado. Estudiantes abatidos en Monterrey, inmigrantes asesinados en Tamaulipas o centros de reinserción arrasados son algunas evidencias frente al argumento oficial de que la gran mayoría de las víctimas son miembros del crimen organizado.
Ciudad Juárez ha sido el escenario de las peores masacres, y los jóvenes, el centro del problema. El 70% de las víctimas eran menores de 25 años. Jóvenes que están matando a otros jóvenes. Se estima que entre Ciudad Juárez y El Paso (la población vecina al otro lado de la frontera) puede haber 400 pandillas relacionadas con el crimen organizado: chavales de entre 12 y 14 años que se alistan en bandas por sueldos de entre 30 y 150 euros semanales para vigilar a la policía, robar vehículos, vender drogas o asesinar. Todo a un precio mayor de lo que recibirían en los pocos trabajos que hay. No en vano, México es el único país de Latinoamérica en el que la pobreza ha aumentado desde el 2008, golpeando ya a más del 50% de la población.
Según una encuesta, siete de cada diez mexicanos creen que la seguridad pública en el país está peor o igual de mal que hace diez años, cuando gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A un año y medio de las elecciones presidenciales, los éxitos en incautaciones y detenciones no son argumento suficiente para dictaminar que la guerra se está ganando ante el aumento de víctimas mortales, extorsión, tráfico de armas y la permanente impunidad.
Los dirigentes del PRI ya se frotan las manos pensando en su vuelta al poder en el 2012.
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