"Muy satisfactorios". Así define sus resultados de 2016 Defex, la empresa semipública de exportación de armamento imputada en la Audiencia Nacional como persona jurídica por la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Defex está abocada a la disolución desde abril de este año por el "daño reputacional" derivado del escándalo de corrupción en el que está inmersa por el pago de mordidas a cambio de contratos en Angola, Brasil o Camerún, aunque la decisión está todavía pendiente del visto bueno definitivo del Consejo de Ministros. En el informe de gestión de sus últimas cuentas anuales, a las que ha tenido acceso eldiario.es, la empresa presenta "unos resultados positivos muy satisfactorios de 3.521.111 euros antes de impuestos, y de 2.802.479 euros después de impuestos".
El beneficio neto está un 9% por debajo del de 2015, cuando el resultado después de impuestos fue de 3.081.359 euros. Como en el anterior ejercicio, los accionistas de la empresa, encabezados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene el 51%, no verán un euro en dividendos, ya que el resultado ha sido destinado a reservas por el procedimiento penal en el que está inmersa la firma.
El resto de accionistas de Defex son empresas privadas: Explosivos Alaveses SA, Instalaza SA (a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés) y Maxam Corp tienen un 10,89% cada una; y SA Placencia de las Armas y Alfa Lan SA, un 8,17% y un 8,16%, respectivamente.
Las cuentas de Defex, que tiene pendiente publicar en su página web, reflejan una facturación de algo más de 46 millones en 2016, frente a 108,4 millones un año antes. La cifra, "aunque sustancialmente menor que la de 2015 y aun estando por debajo de la media de los últimos 10 años", situada en 59,473 millones, "podemos considerarla exitosa", dice la empresa. Del total de ventas de 2016, casi el 90% correspondió a Oriente Medio.
Pese al "daño reputacional" sufrido, Defex, que opera principalmente con clientes del sector público extranjero, obtuvo cinco contratos en 2016 por un total de 52,577 millones de euros (frente a 22,643 millones un año antes). El margen comercial fue del 14,7%, "muy superior al 7,3% de 2015, debido por un lado al mix de ventas alcanzado finalmente, y por otro al fortalecimiento del cambio Dólar-Euro, que en esta ocasión nos ha beneficiado en los principales contratos de Oriente Medio".
Las cuentas fueron formuladas inicialmente el 16 de marzo de 2017, pero Defex tuvo que reformularlas el 27 de abril al haberse iniciado los trámites para la disolución de la sociedad a instancias de la SEPI y a propuesta del Ministerio de Defensa. La decisión se adoptó "después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial", según indicó entonces la SEPI.
El hólding público añadió que, cuando el Consejo de Ministros apruebe la disolución voluntaria de Defex (algo que a día de hoy no ha ocurrido), se iniciarán los trámites societarios para la disolución y liquidación y "en esta última fase, la compañía mantendría su personalidad jurídica y concentraría su actividad, en coordinación con las autoridades judiciales, en la terminación de los contratos en curso, la realización de sus activos y el pago de sus deudas, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la liquidación del resto de sus compromisos".
Con una plantilla de 14 personas a cierre de 2016 (frente a 19 un año antes), el gasto de personal de Defex en 2016 fue de 1,27 millones, frente a 2,24 millones en 2015. Entre las salidas estuvo la de Manuel Iglesias Sarriá, exdirectivo de la empresa, primo carnal del cantante Julio Iglesias, imputado en el caso y despedido ipso facto tras ser readmitido por orden judicial; y Cristina Aguilar Viyuela, cuñada de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y hermana a su vez de Fernando Aguilar Viyuela, presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015.
Este último está imputado en el caso, aunque la trama de corrupción que ha carcomido a la empresa en los últimos años salió la luz en 2014 por un contrato ejecutado en 2008 y 2009 para el suministro de material a la policía de Angola. Entonces, Defex estaba presidida por el antecesor de Aguilar, José Ignacio Encinas Charro, que estuvo al frente de Defex durante cerca de 20 años (hasta 2012) y fue detenido en 2014.
De acusada a acusadora
Respecto al procedimiento penal que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la empresa asegura que "se cuenta con argumentos jurídicos que llevan a considerar que Defex puede no ser acusada de ilícito penal alguno por inexistencia de conducta reprochable de la Sociedad, siendo en realidad un perjudicado más de los presuntos hechos investigados".
"En la actualidad, la empresa está tratando de subvertir su posición procesal en la causa penal pasando a ser acusadora, como perjudicada de los hechos presuntamente acontecidos, más que como imputada, o al menos simultanear las dos posiciones procesales", añade.
Antonio M. Vélez
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