La Prefectura (delegación del Gobierno) había solicitado el cierre administrativo de esas tiendas, bares y restaurantes surgidos en la llamada "jungla" de Calais, donde unos 4.500 inmigrantes o refugiados -según el último dato oficial- esperan para poder cruzar a Gran Bretaña, reportó Efe.
Las asociaciones que trabajan con los migrantes llevaron esa decisión a los tribunales.
Según el razonamiento del juez, es cierto que esos establecimientos "no tienen ninguna autorización administrativa" y "no respetan las reglas sanitarias más elementales", tal y como había señalado la Prefectura.
Pero "cumplen otras funciones" más allá de las propias del comercio tales como "constituir lugares de encuentro calmado entre los inmigrantes", argumentó el magistrado, que recordó que los lugares de aprovisionamiento de alimentos instalados por las autoridades tienen largas colas.
El juez consideró que su cierre iría, por tanto, en perjuicio de los habitantes de Calais, que "viven en condiciones de precariedad extrema".
La decisión supone un revés para las autoridades francesas, que están viendo en estas últimas semanas cómo crece el número de personas que llegan a la "jungla" de Calais.
Los inmigrantes se han asentado en la zona norte del campo, después de que el Gobierno francés decidiera desmantelar la del sur.
El exministro conservador Xavier Bertrand, presidente de la región Alta Francia, donde se encuentra el campo, afirmó al diario Le Figaro que la "degradación se acelera" en el campamento y pidió medidas de control.
Entre ellas, demandó la prohibición de salida por las noches, para disuadir a quienes tratan de subir clandestinamente a los camiones que se dirigen al Reino Unido.
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