El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, publicó AYER un listado de más de 150 políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad que presuntamente están implicados en el tráfico de drogas.
El mandatario ordenó que se presenten ante las autoridades en menos 24 horas. "O de lo contrario ordenaré a todas las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Policía Nacional que les capturen", dijo el mandatario, citó Efe.
Los grupos de derechos humanos condenaron los asesinados e instaron a Duterte que se movilice para asegurar los derechos de los sospechosos y que se respete la ley.
El nuevo mandatario filipino, cuyo apodo es "El Castigador" por su inflexibilidad con la delincuencia, dijo que al jurar el cargo asumió el deber de señalar a los funcionarios aun cuando las acusaciones no sean ciertas.
"Es muy importante para que la gente pueda ver cómo están las cosas o las condiciones del país", dijo en un discurso pronunciado en un campamento militar en la ciudad de Davao, en el sur.
La lista incluye a ocho jueces a más de 50 alcaldes y ex alcaldes, vicealcaldes, gobernadores y diputados, así como 95 agentes de policía, soldados y funcionarios de prisiones.
Algunos de los políticos mencionados negaron estar involucrados en el comercio ilegal y abogaron por cooperar para limpiar su nombre.
"Puedo afirmar categóricamente que no estoy involucrado en la protección, el comercio y uso ilegal de drogas", dijo Jed Mabilog, alcalde de la ciudad de Iloilo, y uno de los funcionarios mencionados en la lista.
"Como se trata de un asunto urgente que pone en peligro mi seguridad personal y la de mi familia, pido a las autoridades que lleven a cabo una investigación rápida, porque yo también quiero que salga la verdad y nada más que la verdad a la luz", agregó.
Desde que Duterte asumió el cargo el 30 de junio, casi 500 sospechosos han muerto en la campaña antidrogas de su Gobierno. La mayoría de ellos murieron por disparos de la policía, al parecer, según alegan los agentes, porque se resistieron a la detención. Otros sospechosos murieron a manos de grupos de vigilantes o de bandas rivales.
La senadora Leila De Lima, que criticó esas muertes, advirtió que esta campaña en la que se señala y se intenta avergonzar al inculpado podría desembocar en más muertes debido a la orden presidencial de disparar de inmediato al delincuente o contra los políticos acusados que se resistan a ser detenidos.
"Nos movemos en un terreno resbaladizo hacia la tiranía, sin ley marcial, cuando permitimos a una persona ser juez, abogado y ejecutor. Y esto es sólo el comienzo", señaló la senadora en un comunicado.
"Es demasiado terrible imaginar el final, si cualquiera puede ser acusado y se puede disparar (a una persona) en base a una lista que tiene el mismo valor legal que la lista de la compra", agregó.
Los grupos de derechos humanos condenaron los asesinados e instaron a Duterte que se movilice para asegurar los derechos de los sospechosos y que se respete la ley.
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