China condena a cuatro disidentes en lucha contra "influencias extranjera"

Los medios oficiales han remarcado los supuestos viajes de los condenados al extranjero para "recibir formación" e incluso su contacto con la prensa extranjera.

En 2014 el Gobierno de Xi aprobó una nueva ley para regular el trabajo de las ONG extranjeras que restringe su trabajo en China.

En cuestión de una semana, la Justicia china ha condenado a tres activistas y un abogado, todos ellos defensores de la democracia en el país, en el marco de la lucha del régimen contra las "influencias extranjeras".

Los juicios comenzaron el pasado martes en un tribunal de la ciudad norteña de Tianjin y concluyeron hoy con la condena a Gou Hongguo, un activista cristiano de 55 años miembro de una iglesia clandestina, instituciones que no siguen la línea marcada por el Partido Comunista, informó Efe.

La corte sentenció a Gou a tres años de prisión por "subversión", pero decidió suspender esta condena ya que el activista confesó y testificó contra otros -supuestamente de forma voluntaria-, por lo que Gou no tendrá que pisar la cárcel si no comete un delito en el periodo establecido por la Justicia.

Tianjin cerraba así una semana de juicios que se ha saldado con cuatro condenas por subversión: la de Gou y el activista Zhai Yanmin (que también fue suspendida), la del líder de varias iglesias clandestinas Hu Shigen, que pasará 7,5 años en prisión, y la del abogado y director de un prestigioso bufete de letrados de derechos humanos Zhou Shifeng, confinado por siete años.

Como hicieran todos los acusados esta semana, Guo también confesó sus delitos en la corte y con la voz entrecortada aseguró que no apelaría, según los extractos del proceso que han publicado los medios con autorización para entrar a la vista, ninguno de ellos extranjero.

Desde sus detenciones en 2015, las irregularidades del proceso se han acumulado, ya que en todo este tiempo los acusados no han tenido acceso a consejo legal de su libre elección y ni siquiera se les ha ofrecido la oportunidad de tener una llamada con sus familiares, denuncian múltiples ONG.

Gou, como los tres disidentes juzgados esta semana, tampoco contó con el apoyo de sus allegados al escuchar su condena, pues según confirmaron a Efe amigos de la familia, la Policía "forzó" a su mujer a trasladarse a su provincia de origen y no acudir al juicio.

"Alta eficiencia en la China autoritaria: una semana, 4 juicios, 4 abogados (2 por acusado) impuestos por el Gobierno, 0 independencia del tribunal, 0 familiares presentes en el juicio, 100 % condenas", resumía hoy en un "tweet" Renee Xia, la directora de la sección internacional de Chinese Human Rights Defenders.

Los cuatro condenados formaban parte de un mismo caso construido por la fiscalía china, que destacó la relación de todos ellos con "fuerzas antichinas extranjeras" para minar y derrocar al Partido único que lleva dirigiendo el país desde 1949.

Haciéndose eco de las conclusiones del tribunal, los medios oficiales han remarcado estos vínculos, los supuestos viajes de los condenados al extranjero para "recibir formación" e incluso su contacto con la prensa extranjera, en línea con la campaña que emprende el presidente Xi Jinping para acabar con la influencia de valores de Occidente.

Si en 2014 se desveló la existencia de un documento oficial que instaba a los miembros del Partido único a estar vigilantes frente a peligros de la "democracia occidental", este mismo año el Gobierno de Xi aprobaba una nueva ley para regular el trabajo de las ONG extranjeras que restringe su trabajo en el país.

"China quiere desarrollar una relación con el extranjero estrictamente comercial. No quiere que entre más", considera al respecto el abogado Qiu Zhijiang, que fue apresado temporalmente junto a los condenados en la insólita operación que las autoridades llevaron a cabo contra el colectivo de defensores de los derechos humanos en 2015, con cientos de detenciones por todo el país.

El letrado insta a mirar más allá de las condenas a "cuatro disidentes" y engloba esta última oleada de represión en un ataque contra toda la sociedad civil y en una China más cerrada en sí misma, que trata de alentar entre la población la amenaza "que viene del extranjero".

El arresto durante casi un mes del sueco Peter Dahlin, cofundador de una ONG local que trabajaba con muchos de los abogados detenidos, es muestra de ello, dicen miembros de estas organizaciones: "Fue una advertencia".