Esto que es una obviedad en España parece que la exigencia de responsabilidad está excluida la actividad política. Sabemos que se han marchado de España capitales en gran cantidad, que la prima de riesgo ha subido aunque no mucho, que la actividad empresarial esta parada y en algunos casos se ha retraída.
La parálisis de la actividad económica se traduce en unas pérdidas innegables que lleva a que el PIB no crezca y que no se cree empleo, todo ello puede trae en unas pérdidas económicas evaluables para la sociedad española, y por tanto a los responsables que son los partidos políticos, personalizados en los líderes de los cuatro principales de ámbito nacional se les debería exigir la correspondiente responsabilidad civil porque ellos con su irresponsabilidad para formar gobierno son “la causa de la causa”.
También la no formación de gobierno origina problemas no tan fácil de cuantificar las responsabilidades económicas, cuales son la falta de toma de decisiones en general al estar el gobierno en funciones y esto junto con lo anterior deriva en responsabilidades políticas por no saber afrontar sus obligaciones en la formación de gobierno y máxime cuando no se forma gobierno por la exclusión o líneas rojas que trazan unos partidos sobre otros.
Debería haber para estos casos mecanismos judiciales para que se exigiera a los partidos las consiguientes responsabilidades políticas y civiles ya que los partidos no se van a exigir responsabilidades ni siquiera las políticas como seria lo procedente.
Pero que los políticos confeccionaran unas normas jurídicas para autoerigirse responsabilidades bien sean políticas o bien sean civiles, seria pedirles peras al olmo.
(*) Pedro José Rodríguez Iglesias, es escritor. Autor de “Ética para Políticos”, “Regeneración Política y Social”, “Independentismo, la gran estafa”….