Éste fue un gran fallo de la democracia española: caer en la trampa del lenguaje independentista. Nunca se debió aceptar “la respetabilidad” de conceptos etarras tales como “impuesto revolucionario”, por poner un ejemplo. Y lo mismo sucede ahora con el concepto de autodeterminación, o de libre elección, porque lo que pretenden los independentistas catalanes es simple y llanamente la secesión. Sin embargo, con el manejo del lenguaje pretenden disfrazar la carencia de legitimidad de su discurso, utilizando conceptos que “suenan bien” –autodeterminación o derecho a decidir (que suenan muy democráticos)- frente al más exacto, aunque negativo, de secesión. Ahora han inventado otro término “suave”: la desconexión.
Obviemos la Constitución que la hace inviable. Vayamos a la fundamentación jurídica del pretendido derecho a decidir de los pueblos. La resolución 1541 (XV) de Naciones Unidas de 1960 concretó el derecho de libre determinación en función de dos criterios básicos: la existencia de diferencias étnicas y culturales y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli. En consecuencia su reconocimiento se limitó a los pueblos que habitaban territorios coloniales ultramarinos, excluyendo las situaciones de colonialismo interno. Resoluciones de Naciones Unidas en 1992, vinculan el derecho a la libre determinación con la democracia, es decir con la realización de elecciones libres e imparciales. Sin embargo, más recientemente, su Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial afirmó, en la Recomendación General nº 21 de 1996, que el Derecho Internacional no reconoce un derecho a la secesión unilateral en favor de los pueblos con carácter general, y que una excesiva fragmentación de los estados podría ir en detrimento de la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la seguridad. La triste experiencia de lo ocurrido en los Balkanes late bajo esta recomendación.
Es decir, ha habido un cierto desarrollo paralelo del derecho internacional a la integridad territorial, que ha triunfado sobre el de autodeterminación, pues las resoluciones de las Naciones Unidas que lo reconocen ponen precisamente como límite la integridad territorial de los estados soberanos que respeten los principios del derecho internacional.
Porque, ¿hasta dónde llegaría el reconocimiento de ese pretendido derecho a la secesión? Ciertamente, su aplicación con carácter general, además de la indeseada fragmentación es contraria a la tendencia universal hacia la globalización e integración supranacional en Europa. Además, idénticos argumentos a los utilizados por el independentismo catalán podrían ser utilizados, por ejemplo por la población del valle de Arán –que también tiene su lengua e identidad propia- para independizarse de Cataluña. Y, ¿por qué no otros pueblos o comarcas que prefieran seguir vinculadas a España y no al estado catalán. Por ese camino todos al cantonalismo del XIX.
Otra falsedad muy propalada por los secesionistas catalanes es que toda nación tiene derecho a su propio estado. Aun admitiendo que Cataluña sea una nación, hay que saber también que más del noventa por ciento de los estados actuales son sociológicamente plurinacionales.
[Pues bien, si en el caso de Cataluña no hay un problema étnico, ni religioso, ni lingüístico, ni de indigenismo, ni cultural[; si no hay opresión alguna de minorías, ni derechos históricos reales –no ficticios (¡ay, la manipulación histórica en la educación de los catalanes!)-, ni negación alguna de derechos a desarrollarse como pueblo; si solo es diferente la lengua, que está perfectamente protegida y desarrollada, ¿qué argumentos se tienen para basar ese pretendido derecho a la secesión? La respuesta es simple: Una quimérica explotación o colonización de Cataluña por el estado español, –España nos roba- engañan, para tratar de fundamentar en el derecho internacional una “descolonización” de España.
Esgrimir ese pretendido derecho unilateral me hace sentir “cornudo y apaleado”. No sólo constituye un insulto a la inteligencia, sino que como andaluz y español me siento insultado por quienes lo defienden que, lamentablemente, no son solo los independentistas. Cuando la burguesía industrial catalana, junto con la vasca, se aprovecharon de la autarquía y del proteccionismo imperante en el franquismo para exprimir el mercado español durante décadas -lo que no fue un fenómeno nuevo sino la continuación del gran pacto proteccionista y triangular de la segunda mitad del XIX entre las burguesías de ferreteros vascos, cerealistas castellanos y algodoneros catalanes, por el que ya desde mediado el XIX se generó el proceso emigratorio sur-norte necesario para el despegue industrial vasco y catalán-; cuando millones de españoles mayoritariamente andaluces tuvieron que abandonar sus hogares para buscar trabajo en el extranjero y en el norte de España, abasteciendo de mano de obra barata a las industrias catalana y vasca; cuando la modernización industrial catalana de los sesenta y setenta del pasado siglo pudo llevarse a cabo gracias a las importaciones tecnológicas financiadas con las remesas de la emigración española a Europa, con las divisas del turismo y con las exportaciones agrícolas del resto de España; cuando están apareciendo nuevas formas de colonización catalana del resto de España a través las empresas con sede en Cataluña, (por lo que el IVA se declara en dicha comunidad autónoma mejorando sus fuentes de financiación a costa del resto); ahora resulta que los catalanes están siendo “explotados” por España y por eso necesitan “desconectarse” del resto de los españoles.
¡Manda huevos! que dijo Trillo.
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