Armas de fuego

Cada año se producen en este país centenares de muertes, por causa del uso de armas cortas y largas: pistolas o revólveres y escopetas, rifles, etc. En pocos países del mundo está reconocida la posesión de armas, como un derecho afirmado constitucionalmente.

En España, en mi opinión, la regulación legal es perfecta, ya que salvo casos analizados por las autoridades competentes, no se permite ningún uso ni tenencia de armamento. Se autoriza, si se practica tiro deportivo o caza, y con los debidos controles. Una normativa similar tenía que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

Es cierto que los defensores del derecho a poseer armas en Norteamérica esgrimen la Novena Enmienda. Ya que, según la misma, ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos. Si a esto se añade la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2010 que dice que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas, algo reconocido por la Segunda Enmienda a la Constitución de este país, las dificultades son notables de cara a suprimir este derecho a usar y portar armas.

Para Barack Obama los legisladores son los encargados de elaborar nuevas leyes que restrinjan más las armas, y de este modo aumentar el control, para reducir la violencia armada. Y el Congreso puede iniciar estos procesos de elaboración de normas y medidas que reduzcan, al menos, el número de muertos por armas de fuego.

Considero que en una cultura como la anglosajona, en la que domina la idea de la autodefensa, como parte de la libertad personal, en un sentido demasiado amplio, es difícil que la ciudadanía estadounidense acepte, mayoritariamente, que no se pueden portar armas y usarlas. Pegar tiros no es el único medio de autoprotección posible.

De esta forma, si todas las personas tienen derecho a disponer de armas de fuego, nadie está a salvo, ya que cualquiera puede disparar por cualquier cosa. Aumenta, por tanto, la inseguridad general, aunque, a priori, parezca que no. Por eso, en nuestro país, lógicamente, no está reconocido el derecho de posesión de armas.

Y además, según dicen los medios de comunicación, cualquier joven, o incluso niño puede tener acceso a las armas en Estados Unidos. Y si se piensa en los disparos accidentales que se producen en el ambiente familiar o en las calles, el panorama parece tremendo.

Indudablemente, no sería factible que después de una hipotética supresión del derecho a poseer armas en Estados Unidos, se procediera a que 270 millones de ciudadanos devolvieran las armas a las autoridades policiales o militares. Porque la situación ya parece incontrolable. El contrabando de armas y el robo, cesión, intercambio o trueque de armas son problemas, casi o prácticamente, insuperables, para un país con más de 300 millones de habitantes.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor