Independentismo con argumentos engañosos

Por ejemplo comparar la legalidad existente en el anterior régimen con el constitucional, algo realizado por el número dos de la Generalitat Francesc Homs es una falacia completa, que no resiste el más mínimo análisis racional.

La intención de incumplir la Constitución y la legalidad vigente es algo que los partidos independentistas catalanes están expresando de continuo con declaraciones públicas a los medios, y con la propia actividad política cotidiana.

Para los líderes del separatismo la democracia es lo que ellos sienten como bueno y deseable, y no lo que está establecido por el Derecho y las leyes. Es una forma curiosa de sobreactuar. El sentimiento independentista es para ellos superior al orgullo de pertenecer a una comunidad autónoma, con un sentido nacionalista integrado en el estado español.

Los supuestos argumentos para afirmar el independentismo son muy débiles, y no se sostienen en un debate intelectual mínimamente profundo. No razonan correctamente, ni respetan las reglas de la argumentación.

Otra cosa distinta es que, los que defienden una república independiente de Cataluña, digan: ser un estado independiente de España es nuestro deseo y máxima aspiración desde el corazón y los sentimientos. Esto puede ser entendible, pero esto no apela al tribunal de la razón, sino al de la pasión.

Que se sostenga la retórica de que los catalanistas no son libres por tener que cumplir la legalidad española es una falacia completa. Ya que la autonomía de Cataluña es muy amplia, y reconoce un nacionalismo catalán que es, perfectamente compatible, con la identidad española.

La unidad de España está garantizada por el texto constitucional. Y esto sustenta las medidas que pueda tomar el Gobierno de la nación para que no se produzca, de facto, la separación de Cataluña de nuestro estado.

Los potenciales recursos al Tribunal Constitucional son las medidas previstas por el ejecutivo actual. Pero el problema es que pueden ser insuficientes para parar la deriva independentista de Mas, y de los líderes separatistas. Y esta posibilidad muy real debería ser, a mi juicio, más valorada por el Gobierno.

La desestabilización política que está produciendo la constante deriva soberanista del gobierno autonómico catalán mina los intereses españoles en Europa y en el mundo.

En relación con la enseñanza del castellano el Tribunal Supremo avala que se imparta el 25 por ciento de los contenidos en español. Pero la consejera catalana de Educación Irene Rigau deplora la «injerencia» de los jueces para modificar el modelo lingüístico catalán. El mínimo porcentaje de horas de la carga lectiva en español parece demasiado a los dirigentes de la Generalitat.

Pero todavía hay más. Los mismos magistrados del Tribunal Supremo este mismo año reprochan el incumplimiento de sus decisiones desde hace cinco años. Y también no están de acuerdo con la dejación de su potestad por parte de la Administración catalana, ya que desatiende, de modo sistemático, los sucesivos requerimientos realizados para que se aplicasen las sentencias.

Las conclusiones que se pueden deducir de lo comentado me parecen claras. El ordenamiento legal vigente en la nación española no se está cumpliendo por parte de la Generalitat de un modo completo. Y el ejecutivo central maneja la situación con declaraciones y recursos, pero no toma decisiones más contundentes y duras. Probablemente, para no empeorar más el clima de convivencia en Cataluña, y para no abrir una etapa de mayor inestabilidad política e institucional. Pero el riesgo de una independencia unilateral de Cataluña está aumentando.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor