Contra la asfixia de Grecia

El que los acreedores (eurozona, BCE y FMI) exijan que Tsipras vuelva a recortar las pensiones es, a mi juicio, inaudito, injusto e incoherente.

Porque, de llevarse a cabo, supone un aumento de la pobreza y la desigualdad, que no se puede permitir en ningún estado democrático y social. Todos los ciudadanos tienen derecho a unas condiciones de vida digna, y a unos ingresos y prestaciones suficientes, para poder vivir con una, al menos, mínima calidad en su existencia.

Ciertamente, es imposible lograr la cuadratura del círculo en las negociaciones entre los socios del Euro y el Gobierno de Syriza.

Lo que está claro, en mi opinión, es que el acuerdo que parece posible, no debe sobrepasar varias líneas rojas relacionadas con los derechos sociales, también afirmados por los Derechos Humanos, además de reconocidos por las constituciones de los países democráticos.

Y la reducción de pensiones, salarios, prestaciones, etc., no debe ser admitida por Tsipras, porque supone más sufrimiento para la ciudadanía griega.

Es necesario en Grecia un crecimiento económico que sea socialmente justo, algo sostenido también por Draghi, pero el esfuerzo debe partir sobre todo de la Unión Europea y no, casi exclusivamente, de la población griega. Puesto que ya está atravesando enormes dificultades económicas. La inestabilidad financiera no debe ser la causante de un mayor deterioro social.

Que el líder griego ofrezca una propuesta de 47 páginas me parece altamente positivo. Manifiesta el rechazo por parte de Tsipras de nuevas medidas de austeridad, algo plenamente lógico y sensato.

Ya que, si se reducen las pensiones y las prestaciones, y se suben los impuestos, el país va directo a la mayor catástrofe económica y social imaginable. Tampoco se debe desregular el mercado laboral. Esto es lo que pretenden los socios europeos y el FMI, y considero que es un enfoque claramente irracional.

Los países ricos del norte tienen que ayudar más a los del sur. Y la Unión Europea, a mi juicio, debe velar más por los derechos sociales de los ciudadanos europeos.

Porque, aunque la libre circulación de los ciudadanos por los estados de la UE es algo muy positivo, y también lo es que, prácticamente, desaparezcan las fronteras nacionales, y se potencie el libre comercio, y la cooperación mutua entre los estados, estas medidas no son la panacea. Este tipo de ventajas, y otras, no son suficientes, si no van acompañadas de decisiones económicas, que refuercen o mantengan el estado del bienestar, en todos los países que componen la Comunidad Europea. Lo demás son declaraciones retóricas que sirven de poco a la población de Europa.

La insensibilidad ante los gravísimos problemas económicos de Grecia y de su población me parece que es absolutamente injustificable. Espero que se llegue a un pacto o acuerdo beneficioso realmente para toda la ciudadanía griega, de tal forma, que no salga de la UE. Considero que la Comisión Europea debería ceder, y admitir la necesidad de una política económica de fuerte apoyo económico al país heleno, por encima de los intereses financieros, del pago de la deuda y del Fondo Monetario Internacional, porque lo primero son las personas y su bienestar.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor