El Peñón de Gibraltar
La situación jurídica del Peñón y su posible solución son bastante claras, como ha declarado reiteradamente la Asamblea General de la ONU. La presencia inglesa en Gibraltar se basa en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió a la Corona de Gran Bretaña “la plena y entera propiedad de la ciudad y del castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen”. Como puso de relieve la profesora Paz Andrés, la posición jurídica española es muy fuerte. Gibraltar en un Territorio no Autónomo bajo dominación colonial británica, que debe ser descolonizado mediante negociaciones entre el Reino Unido y España, “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”. La celebración unilateral por Gran Bretaña de un referéndum en Gibraltar en 1969 fue condenada por la Asamblea, que -en su resolución 2353(XXII)- declaró que cualquier solución que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de San Francisco, e instó al Reino Unido y a España a que continuaran las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar. En el preámbulo de la Constitución otorgada ese año a la colonia –que seguirá formando parte del Reino Unido hasta que el Parlamento británico decida lo contrario- el Gobierno de Londres afirmó que nunca aceptaría que el pueblo de Gibraltar quedara sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. La ONU, sin embargo, no considera a la población gibraltareña como un pueblo con derecho a la libre determinación y ha reafirmado que Gibraltar es un territorio que debe ser descolonizado por cualquiera de los medios previstos en la resolución 1541(XV): integración en la potencia colonial, asociación con otro Estado o independencia. La primera solución ha sido rechazada por Gran Bretaña y la última no es viable sin la anuencia de España, ya que el Tratado de Utrecht prevé que, si aquélla decidiera enajenar “en cualquier modo” la propiedad de Gibraltar, “dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla”. Sólo queda, pues, la fórmula de la retrocesión a España, teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio “ex-post facto”, es decir, al término de la negociación y no durante la misma. El Gobierno anterior se metió un auto-gol al permitir que se incluyera en la declaración anual consensuada de la Asamblea las palabras “y aspiraciones”, si bien matizadas por la frase “de conformidad con el Derecho Internacional”. El Ministro Principal, Fabián Picardo, propugna una cuarta fórmula a la medida de las aspiraciones de los gibraltareños: estatuto especial bajo soberanía del Reino Unido. Considera obsoletas las tesis de la ONU y ha solicitado que se saque de la Lista de territorios por descolonizar, por haber accedido al autogobierno.
El istmo
La profesora Carmen Antón señaló que -al ocupar Gran Bretaña el istmo sin título jurídico alguno- pretende haberlo adquirido por prescripción. Si bien lleva ocupando de forma efectiva el territorio durante más de tres siglos, falta la anuencia del soberano, España, que no sólo no ha mostrado aquiescencia, sino que a lo largo de este tiempo ha presentado numerosas protestas y realizado actos de reivindicación de su soberanía sobre el istmo. España debería impedir la consolidación de la presencia británica en el istmo y no dar facilidades para que continúe su ilegal ocupación. No reconoce la verja como frontera exterior de la UE y tiene el derecho y el deber de establecer en ella controles necesarios para impedir los tráficos ilícitos. La profesora Cristina Izquierdo describió la situación de Gibraltar en el contexto de la Unión, que concedió en su día un régimen especial al Peñón –que hoy no tiene justificación- que lo excluyó de la Unión Aduanera, las Políticas Comunes, el Mercado Interior y el régimen fiscal, así como del “espacio Schengen”. Es un “paraíso fiscal” pese a la normativa comunitaria, que no se aplica con rigor. Debe ser un Centro Financiero, que beneficie el entorno del Campo de Gibraltar –en el que el Gobierno y las empresas españolas deberían realizar notables inversiones para aumentar su nivel de desarrollo-, pero no un paraíso fiscal. El principio comunitario de libre tránsito de personas y mercancías prevalece sobre la prohibición de comunicación por vía terrestre con la península establecida en el Tratado de Utrecht, por lo que –mientras Gran Bretaña sea miembro de la UE- España podrá suspender el tránsito por la verja, pero no prohibirlo.
Los espacios marítimos
Los espacios marítimos son el tema más controvertido del contencioso, no en lo que respecta al istmo –que no existen al carecer el Reino Unido de soberanía sobre el territorio-, sino al propio Peñón, que no son aceptados por España, a excepción de las aguas interiores del puerto. El profesor Pablo Antonio Fernández ofreció una versión matizada de la tesis de la “costa seca”. Según el principio general del Derecho de que la ley especial prevalece sobre la general, las disposiciones establecidas por el Tratado de Utrecht derogan la norma general del Derecho del Mar de que la costa se proyecta sobre el mar y genera espacios marítimos. Por dicho Tratado –“lex specialis”- España sólo cedió la propiedad de las aguas del puerto “sin jurisdicción territorial alguna”, por lo que el Peñón no tiene mar territorial –“lex generalis”-. Gran Bretaña no es propietaria sino administradora de un territorio no autónomo sometido a descolonización por mandato imperativo de la ONU y, como tal, no tiene derechos sobre unos espacios marítimos que no le corresponden. Fernández citó como precedentes algunos fallos judiciales, como la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 2014 en el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú, que ha reconocido la soberanía de Perú sobre un trozo de 323 metros de costa y la de Chile sobre las aguas adyacentes a la misma. La población de Gibraltar –que no constituye un pueblo en el sentido jurídico del término-no tiene derechos sobre los recursos marinos existentes en las aguas adyacentes al Peñón, salvo las del puerto. Para el profesor Alejandro del Valle, sólo siguen en vigor los apartados primero –cesión del Peñón al Reino Unido- y último –derecho preferente de España en caso de renuncia de aquél a la soberanía-, pues el segundo –prohibición de comunicación por tierra con el país circunvecino- ha quedado superado por la normativa de la UE.La solución judicial del contencioso parece poco factible. Aparte de que podría debilitar la firme posición jurídica de España reconocida por la ONU, no sería posible recurrir a ella sin el previo acuerdo de las Partes sobre el alcance del “petitum”, lo que es difícil de obtener. La solución política pasa por la negociación, que está bloqueada por Gran Bretaña con la excusa de no contar con la anuencia gibraltareña, y no se prevé la continuación del diálogo a través de grupos ad hoc. La mejor fórmula pasaría por una co-soberanía tipo Andorra o por un tipo de soberanía conjunta sobre la ciudad, que tuviera en cuenta los intereses de los gibraltareños y –por pragmatismo- los intereses militares y estratégicos británicos en la base naval. La solución técnica sería, pues, viable si el Reino Unido mostrara voluntad política. Mientras no sea así, la pescadilla de Gibraltar seguirá mordiéndose la cola y girando en un círculo vicioso.
Si (
No(
