855 millones de los ERE

Y de confirmarse esto por parte del Tribunal Supremo partiendo, en principio, de la presunción de inocencia, es algo muy grave, porque es el mayor caso de corrupción de la democracia.

De momento, existe una imputación genérica contra Chaves, Griñán, y otros altos cargos de la comunidad autónoma andaluza. La cantidad de 141.930 millones de las antiguas pesetas que es el equivalente de los 855 millones de euros da una idea, quizás, más precisa de la magnitud del fraude o robo realizado a las arcas públicas.

Sabiendo que ese fondo proviene del esfuerzo y trabajo de todos los ciudadanos españoles, y que ha sido destinado a fines ilegales y delictivos, en vez de ser utilizado para el fin que estaba marcado o establecido por las normas respectivas.

Esta trama de corrupción que ha existido en Andalucía es vergonzosa, y merece el castigo más severo de acuerdo a la ley. Porque si el gobierno autonómico andaluz sabía de la desviación ilícita de esta enorme cantidad de dinero, debía haberlo impedido, y si no lo supo, cosa que no me parece, por lo que ya se sabe, pues peor, porque manifestaría un descontrol absoluto en las tareas de gobierno.

El minucioso sumario de la juez, y sus pesquisas han dejado al descubierto que la cúpula del gobierno andaluz elaboró, conscientemente, en 2001 un sistema ilegal para repartir ayudas públicas, de modo discrecional, entre trabajadores y empresas durante una década. Algo que parece propio de un estado no democrático.

Y aunque hubo informes previos de peritos que censuraron la utilización inadecuada de las transferencias de financiación, por parte del gobierno autonómico andaluz, no se hizo caso a los mismos. La propia juez señala que las transferencias de financiación son una herramienta presupuestaria ilegal. La intención parece que era esquivar los controles de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

De todas formas, además de la declaración que prestarán los imputados en el próximo mes de abril ante el Tribunal Supremo, con todas las garantías procesales y abogados, lo sustancial es que deberían asumir una cierta responsabilidad política, en mi opinión, los dos principales imputados. Y esto es algo en lo que coinciden también diversos analistas políticos.

Lo de dejar el escaño o los cargos de representación política cuando se inicia juicio oral puede ser argumentable con cierta coherencia, y puede estar justificado en muchos casos, pero no en todos.

En el tremendo fraude de los ERE los datos y las pruebas saltan a la vista, y son innegables, numerosas y abrumadoras. Y también son una evidencia las personas, ya encarceladas, en relación con esta trama corrupta. El peso de la justicia debe caer, con todo su rigor, sobre los culpables, independientemente, de sus cargos, si se prueba que han cometidos delitos.

La indignación social es tan fuerte, porque ante la escasez de recursos existente, es intolerable que se malgaste una ingente cantidad de dinero público. Y parece claro que ha habido prevaricación, ya que se han tomado decisiones arbitrariamente, y sin cumplir las leyes, y las obligaciones del cargo a sabiendas, o por ignorancia.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor