Pensiones y economía sumergida

Porque las pensiones deben garantizar una vida digna a los jubilados, y no una simple subsistencia. Si se analiza que según las investigaciones ya realizadas en España, la economía sumergida representa, aproximadamente, un 24,6 por ciento del Producto Interior Bruto en este año 2014, lo que representa unos 240.000 millones de euros, se deduce que es necesario actuar. Aunque ya exista un incremento de las inspecciones de Hacienda, y de otros organismos de control del estado, no parecen suficientes, a la vista de estos datos de fraude a la economía nacional.

Si se aumentasen el doble o el triple los controles e inspecciones, creo que las consecuencias económicas serían altamente beneficiosas para la totalidad de los ciudadanos, y para sus prestaciones, así como para la Seguridad social, ya que la carga impositiva que tiene que afrontar cada persona disminuiría significativamente.

Ciertamente, existen otros mecanismos reguladores que pueden ser aplicados para que el gasto en pensiones sea más soportable. Una de ellas es la ampliación de las bases de cotización, y otra es la mejora efectiva de la eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos económicos disponibles, de cara a atender el justo derecho a las pensiones de los jubilados.

La Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal realiza una serie de recomendaciones considerando el escenario macroeconómico existente.Y en este sentido, que vele por la sostenibilidad de las finanzas del estado para propiciar y asegurar el crecimiento económico, y el bienestar de la sociedad de nuestro país, es algo positivo. Si bien esta declaración de intenciones para el medio y largo plazo, en mi opinión, debe abarcar también el corto plazo.

Evidentemente, el gasto en pensiones está subiendo por razones fácilmente entendibles, sobre todo por la muy baja natalidad, y la falta de expectativas laborales. Que el resultado de la fórmula de revalorización de las pensiones, si el ciclo económico es malo, sea de al menos un 0,25 por ciento me parece injusto, porque los pensionistas no son los responsable de los ciclos económicos y de sus variaciones, y lo racional y sensato es que disfruten de unas subidas mayores, para que tengan una adecuada calidad de vida.

Si desapareciera la economía sumergida en España algo que suena a utópico, el resultado es que se dispondría de cantidades ingentes de dinero para dedicarlas a estos asuntos sociales de las pensiones, sanidad, educación, atención a los discapacitados, y en la eliminación de la pobreza. La cuestión del derecho a la vivienda se podría apoyar de mejor manera con los medios económicos procedentes, por ejemplo, de una reducción muy considerable de la economía sumergida, y de los fraudes, y diversos tipos de corrupción económica existente en nuestro país.

En mi opinión, los desahucios que, en muchas ocasiones, son sufridos por personas ya jubiladas es algo que no tendría que suceder. Porque se tienen que arbitrar medidas que solucionen estos problemas de una manera no traumática, de un modo integral, y respetando la dignidad y los principios de justicia reconocidos por la Constitución, y los Derechos Humanos.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor