Indignación social enorme

Y si bien puede ser entendible que la vinculación de lo público con las empresas privadas supone un riesgo de posible tráfico de influencias, sobornos y comisiones ilegales, esto no supone que no sea evitable que estas cosas sucedan. No se puede caer en el pesimismo y la desesperanza. A mi juicio, es necesario que se adelanten las elecciones generales para que la población decida si ya está bien, y piense en las formaciones políticas que poseen una auténtica legitimidad para ejercer el gobierno.

Porque con estos niveles de corrupción generalizada la posible regeneración política, y democrática cada vez parece más difícil y lejana. La petición de disculpas no es suficiente, en mi opinión, y tienen que ser los propios españoles los que decidan si no es hora de no aceptarlas, y pedir responsabilidades que se pueden sustanciar en las urnas, sin esperar a que sean en enero de 2016, como parece que pretende el presidente del gobierno.

De todas maneras, las elecciones previas municipales y autonómicas abren un horizonte a priori positivo para observar la reacción de los votantes ante la situación general de este país, que no parece que sea idílica y maravillosa con la tasa de paro existente, etc. A esto se añade puestos de trabajo precarios, jornadas parciales, en definitiva, escasa calidad en la oferta laboral a los ciudadanos. A lo que se une la economía sumergida que perjudica a los que trabajan y pagan sus impuestos. Porque si hubiera más vigilancia, y más controles desaparecería gran parte de la economía oculta, y se obligaría de facto a trabajar en condiciones legales, lo que a la postre nos beneficiaría a todos.

No se ha alcanzado un pacto político contra la corrupción. Aunque se podría pensar en lograr un pacto social y político, que afirme la absoluta necesidad de un juego limpio, en el ámbito del poder estatal central autonómico y municipal.

La igualdad de oportunidades en el acceso a posiciones y cargos y el derecho a unos bienes básicos y a una vida digna están siendo laminadas en el imaginario colectivo, con los abundantes ejemplos de corrupción política y económica. Porque para el filósofo norteamericano John Rawls el conjunto de instituciones conforma la «estructura básica» de una sociedad. El denominado capitalismo del laissez-faire no es el conveniente en la situación convulsa en la que vive España y Europa. El dar garantías económicas a los socialmente más débiles es una de las afirmaciones fundamentales de Rawls, algo que considero coherente, sensato, y sobre todo racional y justo. Sabiendo que este célebre filósofo político estadounidense elabora su teoría de la justicia desde una perspectiva liberal, que no está de acuerdo con el utilitarismo y el socialismo. Si bien defiende la intervención del estado para corregir las desigualdades en la sociedad. La filosofía para Rawls plantea los principios de justicia. Y es cierto, en mi opinión, que lo más prioritario, actualmente, es la restauración de la justicia social gravemente dañada en un estado social de derecho que está dejando de serlo, realmente, o de modo efectivo y material.

Todo lo que acabo de exponer está sujeto a muchas matizaciones, análisis políticos, valoraciones, interpretaciones minuciosas, y reflexiones profundas. Pero, en el fondo, es el resultado del hastío de los ciudadanos de este país ante tantos, y tan graves casos de corrupción.

(* )José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor