Ordenan proceso a un ministro y a tres jefes de la policía boliviana por el caso de linchamiento

La Paz.- Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte de Potosí (suroeste) torturaron y lincharon hace casi cuatro semanas a los agentes policiales, tras acusarlos de cometer delitos en esa zona. El diputado opositor Jaime Navarro, que presentó el lunes pasado la demanda contra el ministro y los policías, dijo a Efe que, tras la decisión de la Fiscalía General, deberían renunciar a sus cargos para permitir que la investigación se realice sin problemas.

Destacó, además, la "rapidez" con la que el Fiscal General, Mario Uribe, tomó esa decisión tras conocer la denuncia.

Llorenti, el comandante de la policía nacional, el general Óscar Nina, y los jefes policiales de los departamentos andinos de Potosí y Oruro, fronterizos con Chile, están acusados además de delitos de omisión y encubrimiento.

El ministro señaló a los medios que es uno de los más interesados en que se haga "una investigación profunda de los hechos" y negó haber actuado con "negligencia", mientras que el general Nina señaló que es un "hombre de ley" que se someterá a las autoridades.

Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte de Potosí (suroeste) torturaron y lincharon hace casi cuatro semanas a los agentes policiales, tras acusarlos de cometer delitos en esa zona.

Uno de los cuatro agentes fue asesinado varios días después que los otros tres, cuando sus familias y ministros del Gobierno de Evo Morales rogaban a los indígenas que entregaran los cuerpos pensando que todos habían muerto una semana antes.

Los "ayllus" han impedido a los investigadores y a fiscales de Potosí entrar al pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur de La Paz, donde se cometieron los crímenes, para iniciar las investigaciones y dar con los asesinos.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió el jueves en el Parlamento la "preocupante" falta de respuesta de la Policía y la Fiscalía ante el linchamiento de los cuatro agentes.

La Fiscalía de Oruro dirigió una segunda necropsia a los cadáveres, contra la voluntad de los familiares que temen que el resultado del primer examen forense sea alterado para negar que uno de los agentes fue asesinado días después que los otros.

El abogado Jhonny Castelú dijo que las familias firmaron hoy documentos para demandar a los "ayllus" tras revisar su decisión inicial de no hacerlo cuando estaban presionados por los indígenas que amenazaban con no devolver los cadáveres si se les juzgaba.

Los "ayllus" justifican su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema.

Los "ayllus" viven en una zona pobre donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.