España se ahorrará 2.000 millones al año al restringir la UE el ´turismo sanitario´

Los ministros de Sanidad de la UE aprobaron esta semana, pendiente de ratificación de la Eurocámara, la nueva norma comunitaria cuyo objetivo es acotar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. España logró un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el "turismo sanitario".

Sólo Polonia, Portugal, Eslovaquia y Rumanía se opusieron al compromiso español alegando que la nueva norma pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales.
"Hemos alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que presenta la presidencia en colaboración con la Comisión", destacó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

La ministra logró el pasado diciembre bloquear el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de buena calidad y que supondría un coste adicional para España de 2.000 millones de euros anuales. Apoyaron a España Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.

No habrá autorización previa
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE.

El borrador anterior de la directiva obligaba a España a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a una consulta privada de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertada. El acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.

El otro gran problema para España de la directiva era quién paga los tratamientos en el extranjero de los jubilados de otros Estados miembros que residen en nuestro país. El compromiso final de los Veintisiete dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado el que pague la factura.