Ana Samboal: Gabinete de crisis

Empleo, pensiones, vivienda, consumo, empresas, sector financiero, mercados, impuestos, política económica… son muchos de los temas desarrollados en este libro, analizados también en el programa de Telemadrid del mismo nombre, «Gabinete de crisis», dirigido por la periodista Ana Samboal. Tanto ante la audiencia televisiva como ante los lectores, la autora, basándose en su propio análisis y las aportaciones más interesantes de los especialistas que han pasado por el programa, da respuesta a estas y a otras preguntas con la misma filosofía: el planteamiento de los problemas y la búsqueda de soluciones.
A través de la opinión personal, argumentada, siempre basada en la experiencia, la información y el estudio del trabajo de los que de verdad conocen el asunto que se traen entre manos, la economía, Ana Samboal hace hincapié en algo muy importante: mirar al futuro con optimismo.

Gabinete de crisis, por Ana Samboal
Nunca, en España, se ha vendido tanta prensa salmón, como en este último año.
En España —nadie hubiera osado siquiera imaginarlo una década antes— llegaron a venderse, al mes, solo 10 000 viviendas menos que en Estados Unidos, cuando la población norteamericana multiplica por siete la española.
Nuestro país acumula un stock de entre un millón y un millón y medio de casas vacías, según las fuentes, que, aparentemente, al menos por el dinero que piden por ellas, nadie quiere.

No es de recibo que aspiremos a mantenernos entre las economías de vanguardia, entre las diez primeras del mundo, cuando los informes de evaluación del sistema educativo PISA nos colocan en los últimos lugares de Europa en comprensión lectora o en capacidad para resolver problemas matemáticos, cuando ni una sola de las universidades españolas se encuentra entre las ciento cincuenta primeras del mundo.

España soporta más parados que el resto de los países de su entorno. Su posición como octava economía del mundo no se corresponde en absoluto con su puesto trigésimo tercero en el ranking de competitividad que cada año elabora el World Economic Forum
El desafío se avecina a gran velocidad, el más grave escollo que habremos de sortear se presentará probablemente en torno al año 2025, cuando los niños del baby boom se jubilen. En ese momento, un tercio de los españoles tendrá más de 65 años y un 12%, menos de 15. Es decir, solo un 55% de la población, poco más de la mitad, podría trabajar para pagar las pensiones. El cuello de botella se estrecha aún más si observamos que, debido a las rígidas condiciones que rigen el mercado laboral español, la tasa de ocupación se muestra incapaz de rebasar el 60%. Llegaría un momento en el que, si las tendencias demográficas se mantienen, y nada hace pensar lo contrario, podría haber un trabajador por cada pensionista. ¿Insostenible?
La confianza, el activo más valioso de la banca, se ha quebrado en esta crisis. Es lo primero que autoridades y entidades deberían restaurar.

Fragmento Gabinete de Crisis

El fin de una era

A la gente no le importa el dinero de los demás y este es un problema que tienen los Gobiernos en todos sus niveles.
Comenzó el 5 de septiembre de 2005… El proceso de opa sobre Endesa, una operación relevante, estratégica, en teoría de carácter puramente empresarial, puso en evidencia todas y cada una de las flaquezas y debilidades del entramado institucional en España.
Confiada, con el beneplácito del Gobierno, cuando no con su connivencia, Gas Natural plantea una oferta sobre la empresa que en ese momento preside Manuel Pizarro. Su tamaño es tres veces inferior al de la eléctrica, la primera española por activos y valor de mercado, pero eso no parece intimidarle en absoluto. Iberdrola, la segunda del sector, acompaña sin reservas ofreciéndose a adquirir los negocios que la compañía catalana se verá obligada a vender para evitar la posición de dominio.

Es indispensable. Esos fondos, sin los que Gas Natural no puede pasar, pero de los que no dispone, serán vitales para financiar la compra una vez se materialice.
Si el proceso se desarrolla según lo previsto, y el presidente de la gasista, Salvador Gabarró, se jacta de que así será, en nueve meses se convertirá en un poderoso actor del mercado energético nacional, con una posición rayana en el monopolio en el mercado gasista y con un consistente y sólido negocio en el de la electricidad en España y en Iberoamérica, además de estar bien posicionada en el sur de Europa. De paso, el presidente de Endesa, un hombre al que el ministro de Industria en ese momento, José Montilla, considera afín al Partido Popular, que ocupa ese puesto desde que la empresa aún era de titularidad pública y José María Aznar ostentaba la presidencia del Gobierno, se verá obligado a abandonar su sillón. Se han cerrado todos los flancos desde el punto de vista de la financiación y de la estrategia empresarial y ha recibido la bendición del poder; el diseño parece perfecto, aparentemente no muestra fisuras. Gas Natural y Repsol convertirán a La Caixa, accionista de referencia de ambas compañías, una caja de ahorros controlada a su vez por la Generalitat de Cataluña, convenientemente tutelada por el PSC del que José Montilla es secretario general, en el vértice de la nueva gran sociedad que dominará el mercado español. El nacionalismo aguarda plácido para celebrar la materialización de uno de sus grandes y declarados anhelos: la gran empresa energética catalana.

No contaban con la firme oposición de Manuel Pizarro…
El presidente de Endesa desarrolló su estrategia de defensa en varios frentes. En el plano institucional, acudió a los tribunales a denunciar una supuesta colusión de intereses entre dos competidores, como eran Gas Natural e Iberdrola, para sacarle del mercado, una práctica totalmente prohibida en la legislación española. En las bolsas, estimuló con acierto una subida del valor de la acción, no solo gracias a su actitud combativa, sino también pagando elevadísimos dividendos a sus accionistas, producto de la venta de negocios atípicos, y propició el desembarco de un caballero blanco, la alemana E.ON, que, exhibiendo fortaleza financiera, forzó la subasta.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sabedor de que sus propósitos podían torcerse ante la aparición en escena de la eléctrica alemana, un obstáculo con el que no contaba en absoluto, no se anduvo por las ramas. Inmediatamente, alegando razones de seguridad nacional y de garantía en el suministro energético, modificó la ley para exigir a la sociedad su paso obligado, antes de materializar la operación de compra en bolsa, por uno de los muchos organismos del Estado supuestamente independientes, pero que —por si quedaba alguna duda, este caso lo ha puesto en evidencia— no son más que satélites del poder establecido. La Comisión Nacional de la Energía, en su momento, tendría que encargarse de dictar restricciones tan duras a la operación que, solo al verlas, a la compañía presidida por Wulf Bernotat más le convendría tirar la toalla. El Consejo de Ministros modificó la normativa a posteriori, después de que E.ON presentara formalmente su opa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero con efectos retroactivos, cargándose de un plumazo la seguridad jurídica en España de la misma forma burda y sin disimulo que lo hubieran hecho en cualquier república bananera.

Fue probablemente la mejor forma de ahuyentar la necesaria inversión extranjera, el establecimiento de nuevas multinacionales en nuestro país. Las llamadas de atención, incluso la denuncia de la Comisión Europea, no lograron poner freno a la agresiva actitud de Moncloa. Los meses transcurren y las dos ofertas siguen su curso. Llegado el momento, es preceptivo, aunque no vinculante en todos los casos, los organismos reguladores comienzan a pronunciarse. Para evitar abuso de posición dominante, incluso un monopolio de facto en algunas zonas de España, el Tribunal de Defensa de la Competencia recomienda al Ejecutivo imponer a la compra de Gas Natural condiciones leoninas. Tanto que, en términos económicos, la hacían desaconsejable… Pero ahí estaba el Consejo de Ministros, preparado para rebajarlas sustancialmente. Y Pedro Solbes lo hizo sin recato.

El camino aparecía otra vez despejado y, una vez aprobada oficialmente la opa de Gas Natural, a falta del trámite bursátil, de la verdadera prueba de fuego del mercado, el presidente del Gobierno lo festeja en un ágape privado con Ricardo Fornesa, entonces presidente de La Caixa, accionista de referencia de la empresa. El Partido Socialista de Cataluña, una formación política federada al PSOE, con un elevado peso específico —decisivo— en las filas del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, debía estarle agradecido porque, meses atrás, la entidad le había condonado los intereses de un crédito de 6,54 millones de euros. ¿Es Endesa la contraprestación, el pago? No existen pruebas para afirmarlo, pero lo cierto es que, una vez materializada la compra, que José Montilla ha apoyado desde el primer momento sin reservas, la caja reforzaría exponencialmente su poder y vería elevarse sustancialmente sus beneficios. Ante la aparentemente adormecida y abúlica opinión pública, el indisimulado intervencionismo de las autoridades en la actividad privada, la endogamia entre el poder político y el económico y los beneficios mutuos que se derivan de esa relación, se revela sin pudor alguno cada vez más estrecha.

Aun así, vendieron la piel del oso antes de cazarlo, olvidaron que aún quedan resquicios en las instituciones que escapan a su control. ¿O tal vez se sentían tan poderosos que ni siquiera llegaron a planteárselo?… E.ON subiendo la puja y el mercado, la bolsa, pagando un precio cada vez más alto por las acciones de
Endesa, ponía las cosas cada vez más difíciles a Gas Natural. Sin embargo, fue la Justicia, el Tribunal Supremo, in extremis, la que paralizó la operación decretando la suspensión cautelar. Entendió que había indicios de colusión de intereses entre Gas Natural e Iberdrola y prefirió darse un tiempo para investigar antes de tener que enfrentarse a hechos consumados. La paralización temporal fue el golpe de gracia para la opa bendecida por el PSC.

La empresa acabó por retirarse, pero José Luis Rodríguez Zapatero, empecinado ya en impedir la entrada de E.ON a toda costa, intuyendo quizá que nunca se plegaría sus deseos —no en vano había desbaratado todos sus planes para Endesa—, estimuló el desembarco de la empresa pública italiana ENEL. Para guardar las apariencias y simular ante la opinión pública que sus actos acompañaban al discurso que sostuvo durante más de un año, disfrazó su estrategia con un velo de españolidad buscando a ENEL un compañero nacional, la constructora Acciona, con jugosos beneficios procedentes de la construcción prestos para invertir y con un declarado interés en el área de energías renovables de Endesa. A golpe de talonario, en un par de tardes de auténtica locura, los bancos compraron para ambas todas las acciones disponibles, que eran muchas, puesto que Bernotat aún seguía enredado en un largo y complejo laberinto burocrático. Cuando presentaron oficialmente su Oferta Pública de Adquisición, controlaban ya la mayoría del capital de Endesa. Por la vía de los hechos consumados, condenaron las ambiciones de E.ON al fracaso.

Para la compañía que entonces presidía José Manuel Entrecanales fue un negocio redondo. Pasado el tiempo prudencial para mantener las apariencias, el matrimonio de conveniencia entre la española y la italiana, dueñas soberanas de la eléctrica, se deshace. Una vez fuera del capital, los beneficios en forma de plusvalías que Acciona recibe se multiplican y Endesa, la primera eléctrica de España, pasa oficialmente a manos de ENEL. Al fin y al cabo, es la que ha pagado la compra, la que ha financiado la adquisición de prácticamente el cien por cien de su capital.

La que fue «joya de la corona» del conglomerado de empresas públicas españolas, saneada con el dinero del contribuyente y privatizada después, cambia de dueño, se coloca bajo el paraguas y la tutela de un país extranjero, del Gobierno de Italia. Es un ejemplo paradigmático, pero no el único, de las indeseables consecuencias de una huida desesperada hacia delante, de una forma de hacer de la razón particular y partidista razón de Estado que preside con demasiada frecuencia, con absoluta desinhibición, el ejercicio del poder en nuestro país. El coste en términos políticos y económicos de ese modo de proceder —para el país y para sus finanzas, para los ciudadanos— es prohibitivo, incalculable. Ninguna nación, menos aún una nación moderna y desarrollada, puede permitírselo durante mucho tiempo, acabaría empobreciéndose sin remedio. Pero en España, una joven democracia aún, las instituciones no son lo suficientemente sólidas, no cuentan con los mecanismos de defensa para evitarlo. Lamentablemente, o parece que vayan a disponer de ellos en un corto período de tempo, haría falta un espíritu de sacrificio, una voluntad y una
connivencia real entre los grandes partidos en las políticas de estado que falta.

La autora
Ana Samboal es licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Periodismo Económico y Comunicación Empresarial por la Universidad Antonio de Nebrija y ha cursado el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública del IESE. Prácticamente toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en medios audiovisuales especializados en información sobre economía: Intereconomía, Conexión Financiera y Expansión Televisión.
Actualmente, es directora de Gabinete de Crisis y subdirectora de Diario de la noche, en Telemadrid y presentadora de ambos programas informativos. También colabora en la tertulia del programa Es la mañana, de Es Radio. En 2006 recibió el Premio Joven y Brillante de Periodismo Económico y en 2007, el Premio de Periodismo Económico de la Cámara de Comercio de Ávila.