Los ajustes en el sector público se llevan por delante 375.000 empleos en dos años.

Ministerio de Hacienda

Hace poco más de dos años, con el país zarandeado por la peor crisis económica en 80 años y la tasa de paro disparándose a toda velocidad hacia niveles nunca vistos antes en España, la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2011 reflejaba un sorprendente récord histórico.

El número de empleados a sueldo de las Administraciones Públicas españolas, que venía manteniendo una senda ascendente pese a la destrucción masiva de empleo en el sector privado, marcaba un nuevo máximo tras alcanzar los 3.220.600 trabajadores.

En aquellos días España andaba en precampaña electoral y el dato pasó bastante desapercibido para la opinión pública entre el ruído generado por la refriega política y el peso de otra gran cifra, la cercanía a la cifra de los cinco millones de parados.

Para quien no pasó desapercibido fue para la sabuesos del FMI, la Comisión Europea y el BCE, la temible troika, que en los meses siguientes salpicaron sus informes sobre España de párrafos glosando el sorprendente comportamiento del empleo público en el país.

Lo que vino después es bien conocido. El Gobierno comenzó por fijar el principio de que no se cubriera ninguna vacante que se generara en la Administración, después llegaron los planes para despedir interinos en las comunidades autónomas, los ajustes de empleo en el sector público empresarial y, en última instancia, la regulación legal de los ERE en la Administración en el marco de la reforma laboral.

Dos años después el saldo de este proceso es que el número de trabajadores a sueldo de la Administración se ha reducido en 374.800 personas y se sitúa, finalizada la primera mitad del año, ligeramente por encima de los 2,8 millones.

Estrategias para un ajuste brutal

El Gobierno suele presumir del volumen de empleo público que ha conseguido ajustar en los dos últimos años, pero el fenómeno tiene un reverso oscuro, según los sindicatos: es imposible mantener los mismos servicios públicos y la misma calidad en su prestación con 400.000 personas menos.

Esa reflexión no aparece en las previsiones gubernamentales que centran el foco en el ahorro que las arcas públicas obtendrán por esta vía y que, si se cumplen sus expectativas, superará los 14.500 millones de euros entre 2012 y 2014.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha editado un pequeño informe que identifica las cuatro estrategias que están siguiendo las Administraciones Públicas para recortar empleo. Son éstas:

1. Privatización de servicios. Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, en 2011 (último año para el que existen cifras oficiales) las Administraciones Públicas suscribieron 121.891 contratos con empresas privadas para la prestación de determinados servicios, la mayoría en las comunidades autónomas.

Ese mismo año, el sector público español se gastó más de 32.000 millones de euros en financiar la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas. Servicios que, según los sindicatos, podrían ser perfectamente prestados en las mismas o mejores condiciones de eficiencia por empleados públicos.

"Las administraciones públicas españolas continúan privatizando servicios al mismo tiempo que reducen sus plantillas", denuncia Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT.

El sindicato ha detectado, además, otro fenómeno que considera preocupante. Muchas administraciones están revisando a la baja la dotación de los contratos con sus proveedores de servicios, lo que se está traduciendo en despidos masivos por parte de las empresas prestatarias.

2. Avalancha de ERE. En 2009 ni un solo empleado público perdió su puesto de trabajo como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo, el año pasado esta cifra se disparó hasta los 1.767 y sólo en el primer trimestre de 2013 el número de trabajadores a sueldo de la Administración despedidos por esta vía ascendió a 861.

"Nos tememos una avalancha de ERE en los próximos meses", admiten fuentes sindicales. La aceleración del proceso de reducción y racionalización del sector público empresarial estatal, autonómico y local, la preparación de determinadas empresas públicas como Renfe para la competencia privada e iniciativas gubernamentales como la reforma de la Administración Local, que obligan a reducir el número de efectivos, elevarán muy por encima de la cifra del año pasado el número de afectados por ERE, en opinión de los sindicatos.

"Creemos que va a ser el cauce principal de destrucción de empleo público en los próximos meses".

3. Jubilación masiva de empleados públicos. El año pasado cerca de 20.000 empleados públicos se jubilaron en España, el doble que el año anterior.

No se trata de ningún fenómeno demográfico, la mayor parte de ese salto se explica por el incremento exponencial de las jubilaciones voluntarias, un beneficio especial reservado para los funcionarios del Régimen Especial de Clases Pasivas: profesores, funcionarios de justifica y cuerpos de seguridad, en su mayoría.

Los sindicatos atribuyen este incremento de las jubilaciones a la desmotivación de los empleados públicos y la incertidumbre sobre el mantenimiento de esos derechos en el futuro.

4. Amortización de vacantes en la Administración. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó en 2010 el establecimiento de una tasa de reposición del 5% para las vacantes que se generaran en la Administración, es decir, que de cada cien bajas de empleados públicos por jubilación, excedencia u otros factores sólo se cubrirían cinco.

En un principio, la medida apenas tuvo efecto por la incorporación de nuevos efecticos procedentes de las Ofertas de Empleo Público no limitadas de 2008 y 2009.

Luego, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo la tasa de reposición al 0% salvo en ámbito muy concretos como las fuerzas de seguridad o los inspectores de Hacienda y Seguridad Social.

En los últimos tres años esta medida ha permitido reducir el personal al servicio de la Administración de Estado en 21.939 efectivos.

Fuente: lainformnacion.com - B.P.V.  15/10/13