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CAFÉ CON POLÍTICAS...

Trabajar hasta morir

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
Con 4.326.500 desempleados -en España una de cada cinco personas está sin trabajo-, creer que el final de la crisis asoma, es casi una ingenuidad. Frente a ello, una de las soluciones consiste en controlar el mercado de trabajo hasta exprimir al máximo las posibilidades de una fórmula de sometimiento civil ante un Estado que, respetando a las instituciones económicas, no repara en costes sociales. Este método de supervivencia admite tan ligeras revisiones que toda sugerencia genera tensiones políticas entre la izquierda y la derecha. En medio de esta confusión, la población sigue tan concentrada en sus problemas cotidianos que no tiene tiempo para analizar que sus sacrificios sólo sirven para perpetuar un sistema con el que no está conforme pero al que no sabe cómo renunciar.
En el 2007, el Instituto Nacional de Estadística indicó que la esperanza de vida de los varones había aumentado en 2,1 años y el de las mujeres en 2,4 años. Un año más tarde comenzaron los rumores a propósito de prolongar la vida laboral de la población activa. Curiosamente, éste es el momento que el gobierno español ha elegido para proponer que se prolongue la edad de jubilación en dos años –pasando de los 65 a los 67 años-.

Por otra parte, al ser la esperanza de vida del varón de 77 años y la de la mujer de 83 años, calculamos que tendrán entre 10 y 16 años para disfrutar de su jubilación tras haber cumplido los 67 años. Añadamos otro dato para los cálculos -éste ofrecido por el CSIC-, que indica que “las personas mayores” pasarán una media de 9,34 años padeciendo una mala salud. Tras esta suma de datos, parece sencillo deducir que la población activa tendrá que prolongar su edad laboral en la misma medida en que avance su esperanza de vida, y que –especialmente el varón- dispondrá de un tiempo escaso y de dudosa calidad para disfrutar de su merecida jubilación.

A la luz de estas cifras, la tercera edad dejará -en gran medida- de ser una tan pesada carga para la Seguridad Social. Ahora, al ciudadano le toca enfrentarse al miedo a perder el trabajo. Tanto es así, que el absentismo laboral no justificado se ha reducido en un 90% y que ciertas comunidades autónomas ofrecen incentivos a los médicos para que controlen las bajas laborales. Sin embargo, nada evita que más de cuarenta mil empresas al mes desparezcan de la faz del comercio e industria español, en medio de graves necesidades de liquidez.

Mención aparte merece la banca, ese monstruo de la macroeconomía que tiene la protección del Estado mientras que los ciudadanos de a pie sufren para pagar el acceso a derechos garantizados por la Constitución. Al respecto, se prevé que la única “gran economía” que se contraerá en Europa será España. Recordemos que Nouriel Roubini ha advertido que es posible que la eurozona se divida entre países de economía fuerte y otros cuyo carácter “periférico” llevaría hasta una escisión de la Unión Europea. De hecho, a entender del actual “gurú” de la economía, España es “un riesgo creciente” para la zona euro.

Se hace difícil concebir que la crisis comience a remitir este año, sobretodo si tenemos en cuenta que el FMI ha pronosticado que España será la única gran economía que seguirá en recesión. Cifras y estadísticas podrán remontarse pero a los individuos afectados les quedará aún mucho trabajo por delante. Estar laboralmente activo hasta los 67 años implica que el Estado seguirá demandando el máximo esfuerzo a la base social. Esto no significa que dichas condiciones vayan a ser indiscriminadas. Prueba de ello es la tarjeta azul que requiere al migrante ser un trabajador cualificado.

Independientemente de la cualificación, entre la población en edad de trabajar, convivirán las personas de dilatada experiencia con los jóvenes que van a adquirirla y los extranjeros que llegarán para rellenar los espacios laborales que queden libres. Entonces, es previsible que progresivamente se vayan endureciendo los requisitos para regularizar a los emigrantes “sin papeles”. Consecuentemente, se generarán nuevas polémicas, como ha sucedido las pasadas semanas con los empadronamientos en el Ayuntamiento de Vic –una medida que no afecta ni a los que ya tienen su situación “regularizada” ni a los que ya están en trámite. Acceder al libre empadronamiento sólo afectará a los que van a iniciar sus gestiones-.

En estas tesituras, comparar el empadronamiento español con la inexistencia de este trámite en el Reino Unido –donde se deambula libremente sin ninguna documentación ya que se presupone que el ciudadano consciente no va a mentir- es olvidar que la literatura picaresca es originaria de España. Bajo el manto de las descalificaciones contra el Ayuntamiento de Vic, aparece la pícara sonrisa del que ha instalado una crítica más para endurecer la Ley de Extranjería amparándose en la estrategia del “divide y vencerás”. Nos engañamos al menospreciar la importancia de los empadronamientos; la xenofobia tiene peligrosos matices.

El debate estéril que se ha producido en torno a si hay que empadronar o no a los extranjeros sin papeles, se presenta como otra coartada para controlar los criterios de endurecimiento de las condiciones de acceso al trabajo de los extranjeros. No sin motivo ni consecuencia caben en España la especulación, los abusos bancarios, las leyes cada vez más restrictivas y la impotencia ciudadana al acudir a los juzgados en busca de una justicia que la ley no garantiza.

La ausencia de una reacción firme y unánime por parte de los afectados es un claro indicativo de que no existen límites en la involución de los derechos del trabajador. No se puede ordenar una casa escondiendo bajo al alfombra lo que no sabemos donde colocar. Tampoco se avanza mucho si los avisos son inútiles o si la población no reclama o es acallada. Tanto el temor al paro como el que se tiene a la ley están paralizando el margen de maniobra de una sociedad tan individualista como envejecida que se muestra incapaz de culminar un diálogo social imprescindible. Es parte de la madurez de una sociedad convivir en afinidad con los cambios sociológicos que acontecen; pero entonces, también es necesario que se lleve a cabo un ejercicio de sinceridad para el que España no parece estar aún preparada en vista del abismo que va separando los “avances” sociales de los “avances” económicos.
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