La Corte Suprema hondureña dice 'no' a la restitución de Zelaya

En la opinión que fue enviada al Congreso Nacional, que el 2 de diciembre debatirá si se restituye o no a Zelaya en la presidencia, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras.

El tribunal consideró Zelaya culpable de "seis delitos'', entre ellos traición a la patria.

Aunque el dictamen no ha trascendido, el presidente de la Corte Jorge Rivera, declaró a la Agence France Presse que se "sustenta en 6 delitos'', entre ellos, el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

Una fuente de la CSJ explicó que la opinión fue aprobada en la noche del miércoles por 14 de los 15 magistrados, pero no precisó quién votó en contra ni el porqué.

El Tribunal Supremo indicó en agosto, en relación al regreso de Zelaya al poder, que "existen acciones penales presentadas [contra Zelaya] por la Fiscalía General de la República'', por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal''.

"Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto'', el Congreso Nacional "cuenta con información para analizar el contexto general de las actuaciones oficiales y públicas'' de Zelaya, según un comunicado emitido por la Corte tras entregar su informe a la secretaria adjunta del Congreso, Ana de Lanza.

De este modo, podrá "valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República al orden jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de funcionario público, sujeto a la ley'', dijo el comunicado.

Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.

Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de ese mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra él por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.

Ya derrocado Zelaya, un tribunal de justicia le libró otra orden de captura, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.

Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional cuenta ya con las cuatro que solicitó a varios órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados. Zelaya permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras volver al país clandestinamente.

Este domingo en Honduras se celebrarán elecciones para elegir al próximo presidente del país, pero la mayoría de los países han anunciado que no reconocerán su validez a menos que se celebren con Zelaya de nuevo en la Presidencia, lo cual a la vista de los hechos y la cercanía de los comicios es absolutamente imposible.