La situación en Honduras y los indígenas en Perú y Ecuador centran la atención de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó las sesiones de sus dos salas a audiencias sobre Perú, Honduras, Ecuador y Haití, además de a un caso específico sobre el argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte en EE.UU..

En el caso de Honduras, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) pidió a la CIDH que mantenga una actitud "vigilante" y "proactiva" sobre la situación de los derechos humanos tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de facto y el depuesto presidente para resolver la crisis.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), sostuvo que la firma del llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José cuatro meses después del golpe de estado del pasado 28 de junio, que derrocó a Manuel Zelaya, "ha provocado que buena parte de la comunidad internacional deje de prestar atención a lo que está ocurriendo en el país".

Mery Agurcia, documentalista de COFADEH, afirmó que desde que en septiembre se inició el proceso electoral para los comicios del 29 de noviembre, los actos de violencia en contra del movimiento social de resistencia contra el golpe de Estado se han intensificado.

De hecho, en lo que lleva la campaña, 4 personas han sido acusadas por sedición, 14 resultaron heridas y 50 fueron detenidas.

De otra parte, el Gobierno de Perú, que con sus cinco audiencias es uno de los protagonistas en este periodo de sesiones, expuso su posición acerca de la legislación antiterrorista en el país, del derecho a consulta de los pueblos indígenas y la libertad de expresión en el Estado.

La más destacada de las audiencias de Perú fue la centrada en los derechos humanos en la Amazonía peruana, cuyos peticionarios aprovecharon para denunciar hechos relacionados con los enfrentamientos ocurridos el pasado 5 de junio en Bagua (norte del país), que se saldaron con 33 muertos.

A raíz de esas denuncias, el ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, aseguró que la oposición y las ONG extranjeras desarrollaron una "malévola campaña de desinformación" en relación a esos hechos, con el objetivo de desprestigiar al Gobierno.
"Al mundo se le mintió acerca de lo ocurrido en Bagua. Se llenaron páginas web y blogs con información falsa", aseguró el ministro, que dijo que el Gobierno está perfilando "demandas de tipo civil contra los países que vertieron estas acusaciones".

Los peticionarios de otra de las audiencias aseguraron que el Gobierno de Perú viola de manera sistemática el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y carece de la voluntad política suficiente para aprobar una legislación interna que garantice su efectivo cumplimiento.

Ante esa acusación, Pastor indicó que el Gobierno trabaja actualmente en una ley interna que establezca cómo aplicar ese derecho a la consulta a nivel nacional.

En otro de los casos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, pidió a la CIDH que acompañe como observador el diálogo que se ha instalado entre el Gobierno y representantes de pueblos indígenas.

La situación de los derechos humanos en Haití centró otra de las audiencias, en la que la organización no gubernamental Acción Ciudadana por el Respeto de los Derechos Humanos (ACREDH) la calificó de "precaria" y "preocupante".

ACREDH señaló que las causas de esa situación son la falta de un sistema judicial eficaz, la persistencia de la corrupción y de la violencia y la falta de recursos para luchar contra estos problemas.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia de Haití, Daniel Jean, pidió que se comprendan las limitaciones que impone la pobreza y negó que falte voluntad para mejorar las cosas.

La CIDH también estudió las garantías judiciales para las minorías juzgadas en EE.UU., a través del caso del argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte en Texas en un proceso que sus abogados consideran teñido de discriminación racial.

En esta audiencia, los defensores de Saldaño pidieron al organismo que interceda ante EE.UU. para lograr una solución amistosa a un caso que se ha alargado 13 años.

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