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MADRID: OPINION

El cinismo de la Comunidad de Madrid en materia de inmigración

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
La consejería de inmigración debe abstenerse de utilizar las subvenciones y los convenios con interés partidista. (...) Que saque a la política migratoria de lo coyuntural, lo discrecional, lo clientelar, el sectarismo, la propaganda, la permanente agitación electoral y la confrontación.
El Partido Popular no se da cuenta que se vuelve cansino y que cada vez es más evidente su irresponsabilidad en política migratoria. El 6 de octubre de 2008, en la comisión de inmigración y cooperación, esta servidora preguntó por los convenios de integración entre la Comunidad de Madrid como intermediaria de unos dineros públicos del fondo de integración del Estado y los ayuntamientos.

Hemos de denunciar por cuarto año que la Comunidad de Madrid no cumple con su responsabilidad y que los convenios se vuelven a firmar en el último trimestre. La falta de coordinación con los municipios persiste y el procedimiento discrecional y unilateral que se utiliza por la consejería para definir los contenidos y la firma de estos convenios sigue acarreando muchos problemas para la ejecución de una verdadera política de acogida e integración. La persistente demora de unos fondos que sólo debe transferir trae problemas a las entidades que colaboran con las administraciones locales para su ejecución. Los recursos, tardíamente definidos, se desembolsan en noviembre y a 31 de diciembre debe estar finalizada la ejecución de proyectos. ¿Qué proyecto serio puede ejecutarse en dos meses? ¿Cuál es la calidad de esta política? La única respuesta posible es el afán de una foto de propaganda porque el PP cree que esta política se hace a golpe de clientelismo.

Se le olvida que la apuesta por normalizar las políticas de inmigración pasa por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, pasa por buscar los mecanismos e instrumentos que hagan eficaz el desarrollo e implementación de las medidas, programas y proyectos. Por dar cumplimiento a la coordinación con los ayuntamientos, establecida en el decreto 130/2007. En Mayo de ese mismo año, le dijimos que el plan de integración adolece de la coordinación necesaria interna y de la coordinación externa prevista en el propio plan. La constitución de la Comisión Regional de Inmigración, prevista en el decreto, donde estén representados los responsables de las políticas de inmigración a nivel municipal, sigue sin ponerse en marcha y en la situación actual se requiere el mayor esfuerzo de responsabilidad política. Pero los responsables hacen todo lo contrario.

Cuando hablamos de una política de Estado en esta materia, como en otras, estamos hablando de una política permanente, transversal y continua que permita al observatorio y foro regional producir informes y dictámenes a partir de la información real de los proyectos, pero con la improvisación actual es difícil llevarlo a cabo. Con la falta de voluntad política para la coordinación cuesta aún más atender a la realidad de la inmigración en la Comunidad de Madrid, hacer un seguimiento cierto de la situación para tomar las acertadas medidas, porque sencillamente los proyectos se ejecutan deprisa y corriendo, porque el observatorio no cumple con su mandato y porque no se tiene en cuenta a los municipios para estas definiciones y decisiones oportunas.

Hacer tanto ruido con lo que debe hacer un buen gobierno es la evidencia de lo que realmente le importa la integración. Lo cierto es que la Comunidad no aporta financieramente nada a estos convenios: el 70% de los fondos provienen del Estado (45 millones de euros, este año) y el resto de la cofinanciación de los municipios. Sin embargo, su mayor preocupación se centra en la firma de los convenios. Mientras propone en el Congreso una enmienda a la totalidad en la modificación de la Ley de Extranjería, negándose a la concertación con el Gobierno, fomenta contratos de integración innecesarios, reducción de los presupuestos 2009 y todo cuanto pueda suponer exacerbar la xenofobia frente a sus votantes y asignar los recursos públicos de la integración como si de un “favor” se tratara, con el único fin de captar a los potenciales votantes de la inmigración.

La voluntad por normalizar esta política desde el Estado ha supuesto un gran esfuerzo de la administración central, la creación del fondo de integración, la búsqueda permanente del consenso encontrándose siempre con la negativa de la oposición. Mientras el Partido Popular se decide a un pacto por la inmigración, algo tan necesario como urgente, la consejería de inmigración debe abstenerse de utilizar las subvenciones y los convenios con interés partidista, práctica deleznable y cínica. Debe abandonar el despilfarro que supone hacer de cada firma de convenio un acto de propaganda. Le corresponde arbitrar medidas, programas y proyectos concertados por ley, algo que ya se hace para la intervención social con mujeres desde la consejería de la mujer, o ir a un plan concertado, que rige para los SS.SS., con líneas de trabajo ya definidas en el plan de integración a tres años. En cualquier caso, que saque a la política migratoria de lo coyuntural, lo discrecional, lo clientelar, el sectarismo, la propaganda, la permanente agitación electoral y la confrontación. Estamos en crisis, el desempleo aumenta en la Comunidad y afecta a todos los trabajadores. La situación exige racionalidad, consenso, eficiencia, coordinación y sobre todo responsabilidad con el interés general.
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Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
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