La guerra contra el crimen de Sudáfrica tiene un nuevo objetivo: su policía

Según las últimas estadísticas, más de 630 agentes de policía fueron detenidos en la provincia sudafricana de Gauteng en 2011, principalmente por cargos de fraude y corrupción, aunque también por violación y asesinato.

“Es una buena noticia”, ha declarado el teniente general Mzwandile Petros, comisionado de la policía de Gauteng, la provincia que incluye las ciudades de Johannesburgo y Pretoria, al describir las detenciones. “Si hay una cosa de la que la gente de esta provincia está harta es de la corrupción en la Policía”, ha dicho a los periodistas.

Petros podría haber pretendido tranquilizar a los preocupados ciudadanos de Sudáfrica,

pero sus comentarios han puesto de relieve la magnitud del problema.

Existe una creciente frustración debido a la Policía corrupta e incompetente que hay en este país y que afecta en apariencia a todos los niveles del sistema, desde los policías de tráfico que piden un soborno por una “bebida fría” hasta los polémicos nombramientos de algunos de los dirigentes policiales de más alto rango del país.

El Jefe de la Policía Nacional, Bheki Cele, fue suspendido el año pasado tras las acusaciones de acuerdos de propiedad “ilegales”. Su predecesor, Jackie Selebi, está cumpliendo una pena de prisión de 15 años por corrupción.

Mientras tanto, Richard Mdluli, el responsable de inteligencia criminal de la policía, se enfrenta a lo que el Instituto de Estudios de Seguridad con sede en Pretoria describe como una “asombrosa variedad de acusaciones”, que implica a Mdluli y a sus colegas en cargos como asesinato, violación, tráfico de influencias, malversación de fondos para sobornos y contratación de parientes.

Mdluli ha sido “relegado” a otra posición, anunció el ministro de la Policía, aunque la razón argumentada no fueron las acusaciones de graves irregularidades, sino más bien las quejas formuladas por Mduli de que los dirigentes de alto nivel estaban conspirando contra él.

Este problema ha comenzado a afectar negativamente a la percepción internacional de Sudáfrica, apunta David Lewis, director ejecutivo de Corruption Watch, una organización sin ánimo de lucro puesta en marcha este año por el principal sindicato de Sudáfrica, Cosatu.

“Hay un creciente sentimiento de indignación pública, y una fuerte sensación de que la corrupción está aumentando”, explica. “Se trata de un problema generalizado tanto en las razas, como en las clases y en los niveles de ingresos”.

Según las estadísticas del Gobierno de Sudáfrica, uno de cada cuatro conductores de Johannesburgo afirmó que la policía de tráfico le había ofrecido algún tipo de soborno  en 2010. Y alrededor del 50 por ciento de todos los agentes de la policía del Johannesburgo han estado involucrados en sobornos, según un nuevo informe de Corruption Watch. Pocos de estos casos trascienden.

Los esfuerzos para combatir el problema no han logrado ganar muchos adeptos. Una comisión parlamentaria está deliberando un proyecto de ley para crear una nueva unidad anticorrupción, para cumplir con un fallo judicial que dijo que el actual cuerpo anti-corrupción no es lo suficientemente independiente de las interferencias políticas.

Sin embargo, los grupos de la sociedad civil temen que la nueva unidad propuesta, que sigue bajo el auspicio de la Policía, no será mejor a no ser que sea totalmente independiente.

Tanto las empresas nacionales como la inversión extranjera se verán afectadas si Sudáfrica sigue careciendo de una organización anti-corrupción independiente, dice Chandre Gould, una investigadora senior sobre el crimen y la justicia del Instituto de Estudios para la Seguridad.

Señala el empeoramiento de las puntuaciones del país en el índice anual de percepción de la corrupción de  Transparencia Internacional: Sudáfrica cayó del puesto 54 de 182 países en 2010 al puesto 64 este año.

Pero Gould también advierte que, en muchos casos, son las empresas privadas y los empresarios los que pagan los sobornos, por lo que no se puede culpar al Gobierno.

“Se necesitan dos para bailar un tango”, dice.

La confianza pública en la Policía de Sudáfrica también se ve erosionada por los informes crecientes sobre la violencia de la policía, incluyendo acusaciones de que algunos funcionarios están utilizando la tortura para cazar a los criminales.

Ocho agentes de policía están actualmente sometidos a juicio por el asesinato de Andries Tatane, un maestro de escuela que fue golpeado hasta morir mientras protestaba el año pasado cerca de la ciudad de Ficksburg. El mes pasado, cuatro oficiales fueron cazados golpeando a un vendedor ambulante en un vídeo grabado en un teléfono móvil, lo que desató aún más la indignación pública.

Mientras tanto, un informe interno que se ha filtrado de la policía ha revelado que miles de oficiales han sido considerados como “no competentes o inexpertos" en el uso de sus armas de servicio.

Sólo un día después de que el comisario de policía Petros anunciase los arrestos de más de 600 agentes de policía, tres más fueron arrestados y acusados de corrupción, asalto y fraude.

La historia es inquietante, pero es típica: Los funcionarios están acusados de detener a un hombre que aseguraron estaba orinando en público, lo golpearon brutalmente, lo encarcelaron y lo extorsionaron.

“Qué vergüenza tener esos agentes de policía”, dijo Zweli Mnisi, portavoz del ministro de policía Nathi Mthethwa, al periódico Sowetan.

Mnisi instó a los agentes de policía a “seguir trabajando sin descanso en la detención de los delincuentes, incluido cualquier ‘tsoti-policía’ que haya ahí fuera”, utilizando un ´termino del argot de Sudáfrica que hace referencia a un matón de baja estofa.

Y agregó: “No hay nada más vergonzoso que ver a aquellos que se supone que deben respetar la ley involucrados en la delincuencia”.