Algunos gobiernos locales en Japón dejarán de ofrecer servicios de educación y salud a extranjeros ilegales después de que entre en vigor la reforma de la ley de control migratorio en julio, en contra de la política del gobierno central de continuar brindando estos servicios, según una encuesta llevada a cabo por organizaciones como la Red de Solidaridad con los Migrantes en Japón, informó Kyodo.
Por citar un ejemplo, cuatro de los 72 municipios que respondieron al sondeo dijeron que no aceptarán a los hijos de ilegales en las escuelas públicas.
Alrededor de 67.000 personas residen de manera irregular en Japón, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia de enero de este año.
Eriko Suzuki, profesor universitario especializado en inmigración, declaró a Kyodo que los gobiernos locales creen equivocadamente que no pueden prestar servicios que garanticen los derechos humanos de los extranjeros ilegales debido a su irregular condición.
Por ello, el experto pidió al gobierno central que informe mejor a los municipios sobre el tratamiento a los indocumentados luego de que se ponga en marcha el nuevo control migratorio.
Con la nueva norma legal, el actual sistema de registro de extranjeros será reemplazado por uno nuevo a través del cual se emitirá una tarjeta de residencia. Además, el permiso de residencia podrá ser extendido hasta por un máximo de cinco años, y el residente legal ya no necesitará tramitar su reingreso a Japón si retorna antes de un año de su partida o de que venza su visa si esta expira a lo largo del año en mención.
Más información:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/es/index.html
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