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15 de diciembre de 2019, 1:04:16
Madrid


El PP usa el reglamento de la Asamblea para frenar el envío a la Fiscalía de un informe sobre el Canal de Isabel II


22FEB17.- El documento responde al analisis de la comisión de investigación sobre el posible fraude de la compra por 21 millones de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte de la entidad Inassa, compañía filial del Canal de Isabel II. La compañía brasileña perdió más del 65% por ciento de su valor patrimonial en solo dos años y no ha había sido fiscalizada por la Cámara de Cuentas hasta ahora.


El Partido Popular ha utilizado el reglamento de la Asamblea de Madrid para frenar el envió a la Fiscalía del informe de la comisión que está analizando la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçoes por parte de la entidad Inassa, compañía filial del Canal de Isabel II.

El reglamento de la cámara autonómica dictamina que solo se puede proceder a la votación de informes de la comisión al final de los trabajos parlamentarios. El análisis de la operación de compra de la empresa pública se está llevando a cabo en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, a la que todavía le restan varias sesiones.

Ciudadanos, Podemos y PSOE han acordado que enviarán el informe el próximo lunes a la fiscalía de manera individual, tras añadirle algunos puntos por parte de Podemos.

Esta comisión está investigando las presuntas irregularidades cometidas por la compra por 21 millones de la empresa brasileña de ingeniería Emissao, a través de una compañía uruguaya Soluciones Andinas de Aguas, por parte de la filial Inassa del Canal de Isabel II.

La compra de esta empresa está siendo investigada por Anticorrupción. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha remitido un informe a la Fiscalía sobre la operación, que no ha querido trasladar a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid en lo que ha sido calificado como una muestra más de opacidad.

La compra de la empresa brasileña se dio bajo la presidencia de Inassa de Edmundo Rodríguez Sobrino, que aparece en los Papeles de Panamá por ocupar diferentes cargos en sociedades opacas radicadas en diferentes paraísos fiscales. Rodríguez Sobrino era el hombre de confianza en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad Ignacio González.

La diputada de Ciudadanos, Dolores González Pastor, ha recordado como tras la compra de la empresa brasileña por 21 millones de euros "a los dos años ya había perdido el 65% de su valor". Además, se ha preguntado "cómo es posible que la auditora KPMG no hubiera detectado ninguna irregularidad en esta operación, cuando reconoció que la empresa necesitaba un préstamo del Canal para declarar un mínimo de solvencia para contratar con el Estado brasileño pero no advirtieron la devaluación patrimonial de la compañía".

La diputada del PSOE, Mercedes Gallizo, ha señalado que "no se ha explicado por qué compraron una empresa de ingenieria y obras que no tenia nada que ver con la actividad de Canal Isabel II. Todavía no se sabe con qué finalidad". En la operación "se hicieron ingresos a través de un banco suizo pero no sabemos quién fue el destinatario final de los ingresos que se hicieron".

Eduardo Gutiérrez, parlamentario de Podemos, ha explicado como se dio la "actitud poco diligente de las instituciones que tendrían que haber tutelado que estas operaciones hubieran tenido lugar como es el comité de auditoría del Canal Isabel II, al Cámara de cuentas o los auditores de KPMG, que han incurrido en negligencia de sus obligaciones legales ". Gutiérrez también ha recordado que "los accionistas de estas empresas en Latinoamérica eran reconocidos por ser especialistas en tramas de blanqueo de capitales y operaciones con paraísos fiscales".

"El Gobierno de Cristina Cifuentes estaba al corriente de estas operaciones dado que cuando se aprueban las cuentas económicas consolidadas se toma la decisión, cuando Ángel Garrido es consejero de Justicia y presidente de Canal Isabel II, de capitalizar los préstamos que se habían dado a una de las empresas instrumentales que había en Uruguay y se utilizaron para la compra de esta empresa brasileña", ha añadido el diputado de Podemos.

El Canal Isabel II ya había solicitado al empresario dominicano Ángel Rondón su salida como copresidente de la filial AAA Dominicana, ya que está siendo investigado por los tribunales de este país por supuestamente recibir 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht con los que presuntamente se pagaron sobornos a funcionarios dominicanos.





Rodrigo Ponce de León


eldiario.es

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