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13 de noviembre de 2019, 8:17:54
Inmigración

Regulación del servicio doméstico


Las empleadas de hogar 'sufren' la nueva normativa

La obligación de darles de alta en la SS aumenta despidos y rebajas de sueldo


Fuente: Deia, beatriz sotillo.

Bilbao. La nueva regulación del servicio doméstico que entró en vigor el pasado mes de enero pretendía equiparar los derechos laborales de las trabajadoras de hogar y hacer aflorar gran parte de la bolsa de empleo sumergido que existe en el sector.


Sin embargo, los resultados obtenidos, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, distan bastante de los objetivos, ya que con la nueva normativa la situación laboral y económica de muchas trabajadoras ha empeorado: ha habido un incremento importante en el número de despidos; se han rebajado las condiciones económicas de las empleadas – especialmente de las discontinuas – para compensar las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social; todavía hay muchos empleadores que se niegan a dar de alta a las trabajadoras, y las discontinuas que cotizaban por ellas mismas ahora quedan desprotegidas.

Con este panorama se puede concluir que los efectos positivos de la nueva normativa – reconocimiento de derechos laborales, fijación de salario mínimo, cobro por la baja de accidente y enfermedad, etc. – han sido eclipsados por los casos de “chantaje” económico que realizan muchos empleadores y por los despidos de trabajadoras.

Según la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH – ELE), el balance de los seis primeros meses de aplicación de las dos nuevas normas que regulan el servicio doméstico no es positivo, ni desde el punto de vista administrativo – ha habido muchas dificultades para la regularización – , ni desde el económico, pues las trabajadoras se han visto obligadas a negociar a la baja sus salarios para compensar la cantidad que sus empleadores deben ingresar ahora en concepto de cotización a la Seguridad Social.

Liz Quintana, portavoz de ATH – ELE, destacó ayer que hay dos grupos de trabajadoras de hogar que se han visto claramente perjudicadas por la nueva situación. Por un lado, las empleadas discontinuas (las que trabajan por horas en varios domicilios) que se daban a sí mismas de alta en la Seguridad Social y “que tras muchos años de cotizar con gran esfuerzo y sacrificio ahora pueden perder sus derechos”. Y por otro, las inmigrantes, cuya regularización “queda a expensas de la voluntad de su empleador” y que para conseguir ser dadas de alta y poder obtener o renovar sus permisos “tienen que aceptar condiciones por debajo de la legalidad”.

En general la obligación – vigente desde el 2 de enero – de dar de alta a las empleadas domésticas sea cual sea el número de horas que trabajen – antes solo era obligatorio a partir de 20 horas semanales – se ha traducido en una revisión a la baja de sus condiciones económicas, ya que los empleadores no están dispuestos a sumar el coste de las cotizaciones a lo que les venían pagando. Y, según denunció Liz Quintana, las trabajadoras que se han negado a esta rebaja de sueldo han sido despedidas.

muchas consultas Todo esto ha tenido su reflejo en el número de consultas y conflictos laborales registrados por la ATH – ELE en los seis primeros meses de 2012. “Los casos de despidos han sido el principal motivo de consulta en el 43,2 % de las trabajadoras externas y el 41,6 % de las internas. La cifra se duplica en el caso de las trabajadoras discontinuas”, explicó la portavoz de la asociación antes de añadir que “la mayor parte de los despidos no han estado causados por la falta de necesidad de los servicios, sino por la intención de los empleadores de contratar a otra empleada por un salario inferior”.

Liz Quintana denunció tanto la intención de muchos empleadores de “trasladar íntegramente a la trabajadora la cuota de la Seguridad Social descontándola de su sueldo”, como “la negativa a cumplir con la obligación de dar de alta”. En este sentido, recordó que la afiliación a la Seguridad Social “es un derecho y una obligación que no está sujeta a la negociación entre las partes ni cabe renunciar al mismo” y que su incumplimiento “puede traer graves consecuencias para los empleadores”.

En cuanto al proceso para aplicar la nueva regulación y para el trasvase de trabajadoras que venían cotizando en el Régimen Especial de Hogar al Régimen General, la portavoz de ATH – ELE dijo que las medidas se pusieron en marcha sin dotar a la Administración de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para atender la avalancha de solicitudes de información y regularización de las empleadas. En consecuencia, la ATH ha tenido que suplir las carencias detectadas en las oficinas de la Seguridad Social y Lanbide y en los últimos meses se ha convertido en la principal fuente de asesoramiento de trabajadoras y empleadores.

También se ha constatado que los modelos e impresos oficiales para regularizar a las empleadas domésticas (los de la Seguridad Social, los contratos y las nóminas) resultan “farragosos, complicados y prácticamente imposibles de cumplimentar sin ayuda” para buena parte de los empleadores. Estas dificultades para hacer los trámites y la falta de información, unidas al coste económico asociado a la regularización, han hecho que algunos empleadores dispuestos a cumplir con la normativa hayan desistido.

 

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