La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se produce después de que el acusado aceptara cumplir la condena a dos años, que acordaron todas las partes personadas, lo que evitó la celebración del juicio previsto en esa fecha en la Sección Primera de la Audiencia.
Asimismo, el acusado ha sido condenado a indemnizar a los perjudicados, si bien los responsables civiles subsidiarios son las agencias de viajes para las que trabajó y los directos las aseguradoras de estas agencias, con lo que finalmente no tendrá que abonar nada de su bolsillo.
Según el acuerdo al que llegaron las partes, que incluyó la rebaja de la pena solicitada inicialmente, que oscilaba entre los cinco años que pedía la Fiscalía hasta los 17 de algunas acusaciones particulares, los perjudicados recibirán un 69% de lo defraudado, es decir, un total de 233.642 euros, de los que el pasado 12 de marzo sólo quedaban por depositar en el juzgado 95.500. Hasta ahora, los perjudicados no han visto un euro de las cantidades de las que fueron privados, según uno de los abogados, Fernando Almendros.
Según se considera probado en el fallo, el 6 de septiembre de 2005 el procesado y la agencia Viajes Ecomar suscribieron un contrato en virtud del cual éste se comprometía a captar posibles clientes como promotor en la venta de viajes y paquetes turísticos, y la empresa a facilitar la documentación y colaboración precisa para el desarrollo de su labor. En la contratación del procesado, según el tribunal, "influyó poderosamente" la promesa que hizo de facturar 300.000 euros y cobrar la mitad de la comisión que le correspondía.
De esta forma, Francisco L.Q. puso en marcha un plan que consistía en atraer a numerosos clientes al ofrecer un producto a un precio muy inferior al del mercado, como "señuelo imprescindible" para conseguir dinero que permitiera, por un lado, compensar la diferencia de precio entre el abonado por los usuarios que realizaron efectivamente viajes y, por otro, disponer "en provecho personal" de las cantidades restantes entregadas y que no fueron destinadas a lo concertado.
Las acusaciones particulares estiman que el número de posibles víctimas se eleva a 450, puesto que muchos clientes hicieron reservas para grupos de amigos, compañeros o familiares. Por los procedimientos utilizados, el agente consiguió defraudar un total de 372.960 euros.
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