Diez días después de aquella madrugada en que la policía le sobresaltó mientras dormía, Samir Ouchen explica a eldiario.es las condiciones en las que trabajó durante más de cinco años en esa pequeña churrería por un centenar de euros al mes. "Estoy luchando por mis hijos. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?", se pregunta el hombre de 51 años, sentado en un banco en la Plaza de las Culturas de la ciudad autónoma, a pocos metros de la cafetería donde pasaba horas sin apenas descanso.
El camarero residía en la ciudad marroquí de Nador, limítrofe con Melilla, y cada día atravesaba la frontera para acudir a su puesto de trabajo. Hasta que el cierre de fronteras de Marruecos ligado a la pandemia le dejó atrapado en el lado español y le empujó a pernoctar en la misma cafetería donde trabajaba por un mísero salario.
Según la Policía, las condiciones de trabajo eran abusivas e ilegales. Tanto Samir como su compañero son presuntamente víctimas de explotación laboral. "Llevo 13 años trabajando en Melilla, sin contrato porque nadie me hace contrato. Los últimos cinco años y medio, casi seis, los he pasado en la cafetería trabajando mucho y cobrando muy poco", relata Samir. Este marroquí comenzó recibiendo 100 euros al mes. Poco después, le añadieron 20 euros más por una media jornada que siempre se alargaba, pero por la que nunca le pagaban horas extra. A inicios de año le subieron a 50 euros semanales, 200 al mes, pero con el estallido de la pandemia, dejaron de pagarle.
La jornada laboral de Samir comenzaba a las seis de la mañana y acababa a mediodía, cuando su compañero —que a diferencia de él, sí tenía contrato como trabajador transfronterizo y cobraba 600 euros mensuales— tomaba el relevo hasta medianoche. Ambos trabajaban de camareros, atendiendo la terraza y sirviendo las consumiciones. Con la intención de aumentar sus ganancias, Samir también se dedica a lavar coches: "Así me saco un extra, igual que también hago recados a los vecinos, les hago la compra, ayudo a los mayores…".
Todo cambió con el decreto del estado de alarma y el cierre de la frontera con Marruecos: con el negocio cerrado y sin poder regresar a su hogar, se vieron obligados a dormir en la trastienda del local. "Una vecina me dio el colchón y la almohada, el empleador se negaba a facilitarlo o mejorar las condiciones".
Durante estos cuatro meses se aseaba "como podía" en los servicios de la cafetería, los mismos que utilizaban los clientes, sin apenas ventilación y condiciones insalubres, que representaban un peligro para los trabajadores y clientes. Comían al finalizar su jornada alimentos procedentes de la caridad de los vecinos de viviendas de los alrededores.
Amenazas y coacciones
La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla constató que no se les permitía parar a descansar para comer, tampoco se cumplía con el salario mínimo interprofesional, no tenían derecho a pagas extraordinarias, vacaciones y permisos, ni bajas médicas remuneradas. Samir, que actualmente se encuentra en situación irregular en España dado que no posee autorización de residencia ni trabajo, confirma lo relatado por los agentes en un comunicado policial.
"No me hablaron nunca del contrato, no me lo querían hacer y se aprovechaban de mi desesperación y situación personal: si no trabajo yo, se buscarán a otro y no podré mantener a mi familia", cuenta con la voz temblorosa. Los insultos y amenazas verbales también formaban parte de su rutina. "Pensaban que, de esta forma, trabajaríamos más y mejor". Samir apunta que, si en algún momento preguntaban por mejorar su situación, recibían amenazas de agresiones físicas.
Con el inicio de la desescalada y la reapertura de la cafetería, Samir reinició su actividad, pero su empleador en ningún momento le facilitó equipos ni materiales de protección para prevenir posibles contagios por COVID-19: "No nos dieron mascarillas, ni guantes para protegernos, tuvimos que comprarlas con nuestro propio dinero".
El otro afectado está dado de alta en la Seguridad Social como trabajador transfronterizo con un contrato de 20 horas semanales, aunque el atestado policial recoge que "en realidad realiza alrededor de 18 horas diarias a cambio de 600 euros mensuales, situación que se ha alargado desde el año 2005".
La Policía Nacional detuvo al gerente y al encargado de la cafetería, padre de 60 años e hijo de 32 años y ambos de nacionalidad española, por presunta explotación laboral contra estos dos trabajadores "en condiciones de semiesclavitud" y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según cálculos de UCRIF, "habrían dejado de abonar a la Seguridad Social en concepto de impago de cuotas por estos dos trabajadores unos 60.000 euros". Este diario ha tratado de hablar con los responsables del negocio, pero no ha sido posible localizarlos.
Incertidumbre y desesperación
Este lunes se cumplen diez días de la intervención policial. Samir ya no trabaja en la cafetería y ha conseguido contactar con un familiar que lo ha acogido en su casa. "Ahora estoy en una casa pequeña, ya no vivo como un animal encerrado. El problema es que sin trabajo no puedo enviar dinero a mi familia", suspira.
Samir tiene muy claro que no aceptará ningún otro empleo sin contrato y sigue buscando un trabajo en el que todo esté en regla. Mientras tanto, continua con su labor limpiando los coches de los vecinos y haciendo recados. "Me conoce mucha gente de la ciudad, muchos clientes de la cafetería y otros que viven por la zona. Pregunta en aquella mesa grande, donde están aquellas señoras", dice con una tímida sonrisa.
En esa mesa, que ocupa una parte importante de la Plaza de las Culturas de Melilla, hay unas diez personas de celebración. Cuatro de las mujeres preguntadas afirman conocer a Samir: "Es un buen trabajador, un buscavidas, sabe salir adelante", comenta una de las señoras. Otra se hace eco de la noticia: "No me creía que viviera en la cafetería. Le ayudaba dándole algo de dinero y comida, pero no tenía ni idea".
Samir es conocido por su buen hacer y simpatía. Sigue buscando un empleo mientras espera a que abran la frontera para poder regresar con su familia. Mientras tanto, asegura que tiene que lidiar con nuevas amenazas e insultos. "Me persigue el cuñado del dueño. Intenta grabarme con el móvil para ver si trabajo. Creo que pretende presentarlo ante el juez. Trataron de convencerme para que dijera que no trabajaba con ellos en la cafetería, querían que mintiera. El otro día paró el coche la hija del gerente y me insultó llamándome 'cabrón de mierda", relata mirando por toda la plaza, buscando con la mirada caras conocidas que le sigan.
Preocupado por su familia
Más allá de la persecución y acoso al que se ve sometido, Samir está preocupado porque este viernes, 31 de julio, se celebra el Aid el Adha, la Pascua Grande de la comunidad musulmana conocida por el sacrificio del cordero. "Me duele pasar esta fiesta lejos y fuera de casa, pero haré todo lo que pueda por enviar dinero a mi mujer y que compre un buen borrego para nuestros hijos. No quiero que se queden sin celebración", cuenta mientras empieza a emocionarse.
Su plan es limpiar todos los coches que pueda y gastar lo mínimo. "Estoy cabreado con mi país. No entiendo por qué Marruecos no abre un pasillo humanitario como ha propuesto España. El cierre de fronteras está asfixiando a todos los marroquíes que vivimos de trabajos en la ciudad autónoma", lamenta Samir.
Rosa Soto
@rosamsoto
FUENTE: elDiario.es
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