El 21 de noviembre, el fiscal general Avichai Mandelblit inculpó a Netanyahu por "corrupción", "malversación" y "abuso de confianza" en tres casos diferentes. Y le dio hasta el 2 de enero para presentar una solicitud de inmunidad.
La ley israelí estipula que todo ministro que sea procesado penalmente debe dimitir, pero no se aplica al primer ministro. Aunque Netanyahu puede permanecer en el cargo, no goza de inmunidad de la justicia, por eso desea solicitarla al Knéset.
Esta demanda debe ser evaluada primero por una comisión parlamentaria, pero como el Parlamento se disolvió con miras a las elecciones legislativas del 2 de marzo -las terceras en menos de un año en Israel-, la solicitud de Netanyahu tendrá que esperar el resultado de la próxima votación para ser estudiada.
En diciembre, Netanyahu anunció que dejaba sus cargos de ministro -de Agricultura, de la Diáspora y de la Salud- que ejercía junto con el de primer ministro, pero precisó que seguía siendo jefe de gobierno.
El domingo nombró al ultraortodoxo Yaakov Litzman ministro de Salud.
Juristas pidieron al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el derecho de Netanyahu a recibir del presidente israelí, Reuven Rivlin, el mandato de formar un gobierno a pesar de los cargos que se le imputan.
Un panel de tres jueces de la Corte comenzó el martes a estudiar este asunto, sin precisar cuándo darán a conocer su decisión.
"No imagino ni por un instante que la Corte Suprema de Israel caiga en esa trampa. En una democracia, solo el pueblo decide quién puede dirigirlo y nadie más", escribió el martes el primer ministro en Twitter.
A pesar de sus problemas con la justicia, Netanyahu, de 70 años, ganó la semana pasada las primarias de su partido, el Likud, con más del 72% de votos.
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