La euroorden del Tribunal Supremo contra la exconsellera Clara Ponsatí sí se tramitará en el Reino Unido una vez la Justicia española haga llegar a las autoridades británicas la "información esencial" sobre el delito de sedición por el que el Tribunal Supremo reclama a la extitular de Enseñanza. Así lo ha comunicado la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido al Ministerio del Interior tras rechazar en un primer momento tramitar la euroorden por "desproporcionada".
En la nueva comunicación, la policía británica precisa que la euroorden no es "desproporcionada" sino que "le falta información esencial", y pide disculpas por la "falta de comunicación". En concreto, la policía británica apunta que la euroorden contra Ponsatí no proporciona "suficientes detalles sobre la naturaleza del delito" de sedición. Indica además que en la petición de extradición cursada por el juez Llarena "falta una descripción del lugar y sitio donde se cometió el delito", y agrega que la euroorden debe mostrar "una clara conexión entre el delito" y la persona reclamada, en este caso Ponsatí.
Por ello, la policía británica pide a España que le envíe todos estos detalles. Una vez esto ocurra, agrega, sí se tramitará la euroorden, dando curso a la policía británica para detener a Ponsatí y ponerla a disposición del juez escocés.
El cambio de criterio de las autoridades británicas se produce al final de una jornada en la que al Gobierno español se le estaba atragantando todo lo relativo con la iniciativa para traer a España a los políticos que no han sido juzgados por su relación con el procés al no encontrarse en territorio nacional.
La primera polémica se produjo a primera hora de la mañana con la reacción de las asociaciones de fiscales a las palabras del presidente en funciones insinuando que de él dependían las instrucciones que impulsaron la euroorden contra Carles Puigdemont. A primera hora de la tarde se conoció que la primera de esas euroórdenes contra la exconsellera Clara Ponsatí era rechazada por Reino Unido al considerarse "desproporcionada". Esa es la decisión que el Gobierno ha conseguido revertir en parte al obtener una segunda comunicación de las autoridades del Reino Unido dejando la puerta entreabierta a la tramitación de la posible detención de Ponsatí, siempre y cuando España ofrezca aclaraciones que justifiquen su reclamación.
Fuentes de Moncloa han confirmado que entre el primer y el segundo comunicado del Reino Unido ha mediado un trabajo de interlocución en el que habría intervenido la embajada de España en Londres.
Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. En el caso de la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, la euroorden de Llarena por un delito de sedición queda ahora pendiente del primer filtro que realiza la oficina de Sirene, que se encarga de validar las descripciones de las personas reclamadas por las autoridades judiciales de los estados europeos para su detención y puesta a disposición judicial en los procesos de extradición.
El juez Llarena cursó la euroorden tanto a la Justicia escocesa como al sistema Sirene, en este último caso para que la policía escocesa detuviera y pusiera a disposición del juez a la exconsellera. Se desconoce por ahora si la Justicia escocesa ha tomado una decisión similar a la de Sirene o si, por contra, la euroorden en los tribunales de Edimburgo sigue su curso. Con todo, según la web de información del Gobierno británico, el segundo de los pasos a seguir en un proceso de extradición desde el Reino Unido es precisamente el certificado de Sirene.
A primera hora de la tarde, la defensa de Ponsatí había informado que retrasaba su entrega a la justicia escocesa para una vista preliminar sobre la euroorden –prevista para este jueves– hasta la semana que viene ya que las autoridades británicas habían pedido "aclaraciones" a sus homólogas españolas en relación con la petición de extradición cursada por el juez Llarena.
En un comunicado, la defensa de la exconsellera de Enseñanza ha apuntado a la existencia de "contradicciones" y "divagaciones" en el documento de 59 páginas enviado por Llarena –por ejemplo, que el magistrado empezara el relato de hechos en 2012 cuando Ponsatí asumió el cargo en 2017– como los motivos de las aclaraciones solicitadas.
Gonzalo Cortizo / Oriol Solé Altimira
FUENTE: eldiario.es
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