La histórica caída del Partido Popular tanto en las elecciones generales del pasado 28 de abril como en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo empieza a pasar factura a los trabajadores de la formación conservadora que, como consecuencia de la debacle en las urnas, perderá gran parte de los ingresos públicos que ha percibido en los últimos años.
Una información de la Cadena Ser desvelaba este martes que al menos seis empleados –cuatro en el Senado y dos en el Congreso– que aseguran tener contratos fijos en el partido desde hace tres décadas han denunciado que la formación que preside Pablo Casado se ha negado a readmitirlos y no ha reconocido su antigüedad al ser despedidos de sus respectivos puestos de asesores en los grupos parlamentarios populares de Congreso y Senado, unos cargos para los que, dicen, tuvieron que solicitar una excedencia forzosa del PP.
Consultada por este diario, la dirección popular no reconoce que esos trabajadores estuvieran en excedencia en el partido y los considera empleados "eventuales" en las Cortes, de donde cobraban. Justifica, por ello, que al final la legislatura pasada –el 20 de mayo– se les finalizara el contrato como trabajadores de los grupos populares en las dos cámaras y fueran despedidos con tan solo 12 días de indemnización por año trabajado, limitando a cuatro años su antigüedad, los que dura la legislatura.
El PP ha solicitado en todo caso un informe a sus servicios jurídicos para conocer la situación contractual de esos empleados. En otro texto que había sido solicitado por los populares a los letrados del Congreso sobre la situación de sus trabajadores en el Parlamento, estos respondían este mismo martes al partido que "la Cámara es ajena a las relaciones entre los grupos y el personal contratado por los mismos, al tratarse de una actuación de contratación celebrada por el Grupo en ejercicio de su autonomía organizativa y funcional, que la Cámara ni conoce ni controla".
Ante las estrecheces económicas por las que atraviesa el partido, los trabajadores denuncian que, al no reconocer su antigüedad ni sus excedencias forzosas, el equipo de Casado trata con su actitud de ahorrarse la indemnización que debería pagarles por sus décadas de servicio al PP.
De 37.000 euros a un millón
Según los cálculos aportados por la propia Cadena Ser, al considerarles empleados eventuales en los grupos parlamentarios su despido tan solo costará al partido 37.000 euros. En el caso de reconocer su pertenencia a la formación conservadora y su antigüedad, tal y como exigen los propios trabajadores, debería en cambio abonarles en total cerca de un millón de euros en concepto de indemnizaciones.
Pese al silencio de todos los dirigentes del partido sobre este caso, este mismo martes los empleados afectados recibían el respaldo del exdiputado Juan Ramón Calero, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados entre 1987 y 1989. También en la citada emisora, el exdirigente aseguraba que estaría dispuesto a declarar a favor de estos trabajadores, a los que conoció hace 30 años, "para que quede clara la antigüedad que tienen en el partido".
La polémica llega cuando el PP empieza a notar las estrecheces económicas tras la debacle en las generales, que se agravará en las próximas semanas ante el resultado de las municipales, autonómicas y europeas en las que los populares han perdido miles de votos respecto a los comicios de hace cuatro años y han visto también mermada su representación en los parlamentos regionales y los ayuntamientos. Esto hará que pierdan buena parte de sus ingresos públicos.
451 trabajadores en peligro
Solo por la derrota del 28A los populares perderán 257.430 euros al mes resultantes de las subvenciones que obtenían en el Congreso y el Senado por cada representante en cada una de las cámaras. Si desde las últimas generales de 2016 ingresaba 225.432 euros al mes por sus 137 diputados, ahora le llegarán 108.602 euros, 1.645,49 por cada uno de sus 66 escaños en la Cámara Baja. En cuanto al Senado, que otorga una subvención de 1.900 euros al mes por senador, pasa de 130 a 56, con lo que cae de 247.000 a 106.400 (pierde 140.600 euros).
Esta situación pone en peligro la permanencia de los 451 trabajadores que el PP aseguraba mantener en nómina en las últimas cuentas anuales colgadas en su página web, correspondientes a 2017.
Fuentes de la dirección popular insisten, no obstante, en que por el momento el equipo de Casado no se ha planteado poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implique el despido de más trabajadores que dependen directamente del partido. Desmienten también los rumores sobre una posible venta de la sede nacional de la calle Génova de Madrid.
Iñigo Aduriz
FUENTE: eldiario.es
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