Fue condenado en 2012 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años y seis meses de prisión, a devolver el dinero estafado y a pagar indemnizaciones a sus víctimas, además de a inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para actividades de promoción y construcción inmobiliaria. Gracias al indulto, la condena queda en dos años y ya podría volver a ejercer. Eso sí, debe pagar lo estafado y las sanciones impuestas.
Los hechos, según la sentencia, ocurrieron en 1999. Durante esa época, llevó a cabo cinco promociones de viviendas en Tenerife a través de Archipiélago de Viviendas SA. Durante el juicio solo se ha podido demostrar que hubo estafa continuada en tres de ellas.
El juez considera que, aunque era consciente de que no iba a construir las viviendas y que su mala situación económica le había llevado ya a promover obras con anterioridad que no había llevado a cabo, estafó a varias familias vendiéndoles sobre plano casas en nuevas urbanizaciones, a las que le reclamaba dinero por anticipado. En todos esos casos, según la sentencia, queda probado que no se trataba de un caso en el que al final no pudiera hacer frente a la construcción, sino que, desde el principio, el condenado lo hacía con el “ánimo de obtener ilícito beneficio a costa del patrimonio ajeno”.
Además, la sentencia narra que esas cantidades reclamadas a los compradores “no eran invertidas en la construcción de las viviendas objeto de las compraventas en cuanto que ni siquiera llegó a iniciar su construcción, en unas ocasiones y, en otras, se quedaba en una mera puesta en escena“.
En algunos casos no contaba con proyecto de edificación o ni siquiera solicitaba la licencia de obras. En algunos casos vendía las viviendas sobre planos realizados por arquitectos que nunca cobraron o adquiría terrenos a cambio de viviendas en la futura urbanización.
Ante las quejas insistentes de los compradores por la tardanza, el condenado les mentía o resultaba ilocalizable. Además, “ni tenía intención de devolver ni devolvió nunca el dinero recibido”. Tampoco invirtió dinero alguno en esas construcciones.
Este indulto forma parte de una ronda de 12 que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, el último del año. En ninguno de ellos se especifica qué razones han llevado a aprobar las medidas de gracia, como sí se hizo en ocasiones anteriores.
Entre los agraciados en la ronda publicada hoy en el BOE destacan también el dueño de un bar condenado por “ruidos intolerables” pese al precinto policial [detalles], un policía local de Caudete (Albacete) que falsificó un documento de puesta en libertad de un detenido que se había perdido, un hombre que dejó cicatrices en la cara a otro en una pelea en la puerta de un bar de Sant Boi del Llobregat (Barcelona) y un empresario que estafó a sus socios firmando facturas falsas. Se suman a la lista dos condenados por delitos contra la salud pública, otro por falsedad en documento oficial y tres por insolvencia punible.
En total, durante 2016, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha concedido 27 indultos: los 12 de hoy, los 13 de Semana Santa -estando en funciones y que incluían a un hombre que estafó durante años a su socio– y dos indultos a María Salmerón.
CIVIO / Eva Belmonte
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