En la vista, que se celebra en la Audiencia Nacional hasta el próximo viernes, también está acusado el expresidente de Air Comet Antonio Mata, para quien la Fiscalía pide la misma pena que para Díaz Ferrán, dos años y cuatro meses de prisión por fraude fiscal.
Los hechos se remontan a 2001, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital de Aerolíneas Argentinas.
El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI se comprometió también a aportar a Interinvest hasta 300 millones de dólares que Air Comet debería destinar a satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad adquirida.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, el contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, en representación de Segetur; por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI.
Air Comet, sin embargo, utilizó el dinero no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40 % de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas.
De esta forma, los acusados dejaron de ingresar a Hacienda una cuota de 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, cantidad que el Ministerio Público pide que los acusados indemnicen al fisco.
También solicita que Díaz Ferrán y Mata pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas del proceso.
El juez instructor, Eloy Velasco, descartó, no obstante, que los empresarios hubieran cometido con esa operación delitos de falsedad contable, fraude, estafa procesal y malversación de caudales públicos, y que la SEPI hubiera amparado esas conductas.
Díaz Ferrán será conducido a la sala de vistas desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece en prisión provisional bajo fianza de 3 millones desde el pasado diciembre por la causa en la que el mismo magistrado investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.
Sin embargo, el exdueño del grupo turístico dice que no puede reunir ese dinero, y el pasado octubre solicitó al Juzgado que tramitó su concurso de acreedores que le asigne una cantidad mensual para productos alimenticios y de higiene personal "indispensables y necesarios para su supervivencia" y la de su esposa.
Además, recientemente ha reclamado al Colegio de Abogados de Madrid que le conceda el derecho a la justicia gratuita y al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que paralice el recurso que él mismo interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia que declaró culpable el concurso de Marsans para no tener así que hacer frente al pago de las tasas.
Fuente: lainformacion.com - 27/11/13
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