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Para evitar el turismo sanitario

Una senadora del PP pide retirar el pasaporte a las marroquíes embarazadas al entrar en España

Para cobrar la asistencia recibida cuando salgan de Ceuta o Melilla. Un tercio de los partos de 2011 en Ceuta fueron a madres extranjeras

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
La senadora del PP Luz Elena Sanín
La senadora del PP Luz Elena Sanín

La senadora del PP Luz Elena Sanín ha defendido este lunes la necesidad de adoptar "más pronto que tarde" medidas "policiales y sanitarias" para poner coto a la atención sanitaria que reciben los marroquíes en Ceuta. Entre ellas, ha propuesto que a las embarazadas del país vecino se les retire el pasaporte al entrar en la ciudad autónoma para, si dan a luz en el Hospital Universitario local, asegurar el cobro de la asistencia recibida cuando vayan a abandonar la ciudad.

La senadora ceutí ha dicho que según sus datos la asistencia a marroquíes costó "siete millones de euros" a España entre 2004 y 2009.

En declaraciones a los periodistas en el marco de una comparecencia convocada dentro de la campaña #LaVerdadDeLasReformas, Sanín ha defendido la atención médica en España en casos "de emergencia", a menores de edad y al colectivo que ha denominado "enfermos sin fronteras", esto es, "los niños con enfermedades graves que no pueden ser atendidos en sus países de origen y a los que sí deberían dar cobertura, opino personalmente, los países europeos".

"A quienes residan en España, de forma legal o ilegal, se les va a atender, pero no es lo mismo quien venga de otro país para dar a luz salvo en situaciones de emergencia porque en Marruecos hay una asistencia sanitaria de calidad que da cobertura plena", ha ampliado sobre la necesidad de acabar con "el abuso de un supuesto derecho".

Según datos del Ingesa, de los casi 1.700 partos que se atendieron el año pasado en el Hospital Universitario de la ciudad, un tercio lo fue de madres extranjeras, en su inmensa mayoría del país vecino.

La senador del PP también ha planteado que, si se constata la existencia de "mafias" dedicadas a acoger en la ciudad y posteriormente llevar al clínico del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) a embarazadas transfronterizas, se podría "obligar al acompañante a asumir el coste de la atención prestada con cargo al erario público".

Asimismo, ha querido dejar claro que "los lamentables y dolorosos ajustes" impulsados por el Gobierno de Rajoy en materia sanitaria persiguen "evitar el despilfarro y ahorrar en lo superfluo para mantener un Sistema Nacional de Salud público, universal y gratuito".

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