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El CNE establece un plazo de 75 días para celebrar el referéndum sobre la reforma constitucional

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha establecido un máximo de 75 días para someter a referéndum el decálogo de propuestas para reformar la Carta Magna. El plazo comenzará a correr desde este viernes, cuando la Corte Constitucional ha enviado al Gobierno el cuestionario con las preguntas reformuladas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha establecido un máximo de 75 días para someter a referéndum el decálogo de propuestas para reformar la Carta Magna. El plazo comenzará a correr desde este viernes, cuando la Corte Constitucional ha enviado al Gobierno el cuestionario con las preguntas reformuladas.
El presidente, Rafael Correa, deberá ordenar la publicación del pliego de propuestas a través de los canales oficiales para que el CNE realice entonces la convocatoria del referéndum, para lo cual contará con 15 días. A continuación, las autoridades competentes tendrán un margen de dos meses para preparar la consulta popular.
"La fecha del referéndum dependerá de cuándo Correa expida formalmente el decreto. Puede coincidir tentativamente con el Día del Trabajo y el Día de la Madre", el 1 de mayo, explicó el presidente del CNE, Omar Simón, en declaraciones recogidas por la cadena TeleSur.
No obstante, éste adelantó que antes de tomar una decisión sobre la fecha, el CNE analizará la conveniencia de que el plebiscito coincida con estas celebraciones, ya que podría frustrar los festejos con la prohibición de realizar espectáculos públicos y adquirir bebidas alcohólicas en los días previos a una votación.
En cuanto a los detalles técnicos, Simón estimó que el padrón electoral para esta consulta será de unos once millones de ecuatorianos, lo que supondrá un coste aproximado de 28 millones de dólares (unos 20,57 millones de euros).

CONTENIDO DE LA REFORMA
El decálogo redactado por el Gobierno está dividido en dos partes: una primera con
cinco propuestas para la reforma de artículos ya existentes en la Carta Magna y una segunda con cinco iniciativas novedosas no contenidas en este texto.
El primer grupo contempla la modificación del régimen de prisión preventiva; la creación de una Comisión Técnica que reestructure el sistema judicial y el Consejo de la Judicatura, órgano encargado del control interino de este poder; y limitaciones a la diversificación del negocio para los medios de comunicación y entidades financieras del país.
El segundo propone la creación de un delito de enriquecimiento injustificado en el sector privado y otro por la no filiación de los trabajadores a la Seguridad Social; la de un órgano dedicado a controlar los contenidos divulgados por los medios de comunicación; y la prohibición de las salas de juego y los espectáculos en los que se mate a animales por diversión.

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