Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.
"No soy traidor, soy leal a la patria", dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. "Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor", agregó.
El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines del 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.
El ex funcionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.
El general Carlos Rotondaro, exministro de salud y expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), confirmó este lunes que desde el régimen de Nicolás Maduro se ordenaba el uso de los medicamentos para fines electorales. Video
Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.
Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.
Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. "(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones", agregó.
"No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe", dijo Rotondaro.
El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.
Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.
En marzo de 2018, el ex funcionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.
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