"La ley desarrollaría el derecho de participación que recoge el artículo 23.1 de la Constitución", ha explicado en la presentación el jurista y consultor Francisco Jurado, miembro de Osoigo. "Introducimos otros mecanismos como la deliberación participativa antes de elaborar una política pública, una primera fase de presupuestos participativos a nivel estatal o un Observatorio Ciudadano para fiscalizar la acción de los poderes públicos", ha añadido.
El proyecto parte de un borrador, ya disponible en la web, realizado en un grupo de trabajo de las Jornadas de Inteligencia Colectiva para la Democracia que organizó el Ayuntamiento de Madrid en noviembre. Consta de 63 páginas sobre las que cualquier usuario registrado en la plataforma puede realizar correcciones, proponer mejoras o argumentar qué eliminarían. Se nutrirá de las ideas de ciudadanos −también en actos presenciales−, centros de investigación, asociaciones y expertos antes de intentar que llegue al Congreso de los Diputados, según han expuesto en rueda de prensa.
Este proceso se alargará un mes y medio. El 15 de marzo finaliza el plazo para el debate de ideas y el colectivo comenzará a redactar un texto definitivo, que se publicará unos días después. Para la elección de las propuestas que se mantendrán en el texto final habrá dos criterios: en primer lugar, su encaje jurídico (que no choque con otras leyes y no contradiga la Constitución), y en segundo lugar, un criterio subjetivo basado en la valoración de esas ideas de la propia comunidad.
A partir de ese momento se dará inicio a una campaña de apoyo al texto y un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios para llevarlo al Congreso. Desde la plataforma han señalado que ya se ha contactado con algunos grupos de manera "informal", pero esperarán a la fase de búsqueda de apoyos públicos para comenzar los contactos formales. Al tratarse de una Ley Orgánica, para salir adelante necesitaría la mayoría absoluta de la cámara.
Unifica el marco jurídico y lo amplía
La propuesta de Ley, que debe ser Orgánica porque el derecho a participar directamente en los asuntos públicos está recogido en la Constitución, unifica el marco jurídico relacionado con la materia −las leyes que desarrollan la Iniciativa Legislativa Popular y los modos de referéndum, ambas de los años 80− pero, además, amplía este marco con una actualización "que comprenda los avances sociales, culturales, políticos y tecnológicos de las últimas décadas".
Par Francisco Jurado, el siguiente paso es que "el debate sobre la participación política y su necesidad" se extienda por todo el territorio: "Que cualquier persona, sepa más o sepa menos, nos traslade su objetivo, sus fines o lo que esperan que debería ser una participación ciudadana en las administraciones públicas a la altura de los tiempos que corren".
El investigador César Cruz, miembro del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha señalado que esta legislación daría una "cobertura legal mínima" para controlar a los poderes públicos. "Controlar el poder es uno de los grandes objetivos de la participación. Entendemos que de alguna forma una Ley Orgánica lo garantizaría, porque a veces las administraciones intentan desarrollar procesos de participación pero no tienen cobertura legal para ello", ha incidido. Para el investigador, la propuesta tendría un "impacto importante" sobre la manera "en la que las instituciones se relacionan con la ciudadanía".
Las novedades que incluye la propuesta
El texto bebe, en parte, de algunas legislaciones autonómicas y municipales que han desarrollado propuestas de este tipo, como la Ley de Participación de Andalucía o iniciativas que ya se dan en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, abrir las posibilidades de las comunidades autónomas y los municipios es uno de los ejes de la propuesta. "Se da una paradoja en España. Muchas comunidades y ayuntamientos tienen leyes autonómicas u ordenanzas de participación, pero se encuentran con que no hay una cobertura jurídica estatal que les permita innovar en regeneración. Ese vacío hace o funciona como un límite", ha argumentado Jurado.
El borrador también prevé una agilización de las Iniciativas Legislativas Populares. Se facilitaría la recogida de firmas (500.000) con un portal de sistema público de participación digital que permita hacerlo de forma telemática y se amplían las materias sobre las que se pueden proponer modificaciones.
Además, crearía nuevos mecanismos de participación directa: por ejemplo, los procesos de deliberación participativa (intercambio de propuestas de manera pública, vinculados "al proceso de diseño, elaboración y aprobación de una política pública", según recoge el borrador), medidas para la reducción de las brechas sociales que dificulten la participación o el impulso de un Observatorio Ciudadano. Los objetivos de este último órgano serían, entre otros, realizar un seguimiento de las políticas públicas y proponer alternativas o fiscalizar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.
Marta Barandela
Eldiario.es
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