El ejecutivo de Pedro Sánchez se ha puesto a trabajar sobre la reforma del Código Penal para avanzar en la imposición de medidas de libertad vigilada a aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos gravísimos.
Este tipo de delincuentes "tienen difícil reeducación y difícil reinserción, como todos los especialistas apuntan", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en conversación con periodistas en los pasillos del Congreso.
Calvo ha explicado que el artículo 106 del Código Penal ya incluye la posibilidad de aplicar medidas como el uso de pulseras de control electrónico con presos en situación de libertad vigilada. Según la vicepresidenta, "nadie se ha encargado de hacer más efectiva" esa posibilidad apuntada por el vigente Código Penal. El Gobierno quiere generalizar el control de los delincuentes sexuales en su reincorporación a la vida fuera de prisión.
El artículo citado por la vicepresidenta plantea la posibilidad de imponer a los delincuentes más peligrosos "l a obligación de estar siempre localizables mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente". También se prevén otras medidas como obligar a comunicar cambios de domicilio, o a presentarse ante el juez con cierta regularidad.
"En el caso durísimo del asesinato de Laura Luelmo las medidas de esta naturaleza habrían sido útiles", ha reflexionado la número dos del Gobierno. Calvo ha revindicado la libertad de circulación de las mujeres como "un derecho fundamental" y ha reclamado "el derecho de volver a casa sanas y salvas".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en avanzar la posibilidad de reformas legales en este sentido. Durante la sesión de control de este miércoles, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará en breve medidas "para reforzar la seguridad de las mujeres".
El Gobierno, sin embargo, no quiere entrar en el debate sobre la prisión permanente revisable y asegura que esperarán a que el Constitucional se posicione, antes de decidir sobre una posible derogación de la medida que puso en marcha el Gobierno de Rajoy. La medida fue recurrida por el PSOE y no será derogada si no es con el amparo del TC, en una sentencia para la que no hay todavía fecha prevista.
Gonzalo Cortizo
Eldiario.es
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